Uribe y Santos: divorcio de un matrimonio tormentoso.

Feb 2012 07

No es cuestión de personalidades, sino de fuerzas sociales. Uribe logró aunar a los terratenientes, que él representa, con las élites tradicionales. Pero ante los abusos de la Seguridad Democrática, Santos retomó el hilo del ya de por sí tímido reformismo liberal colombiano: de ahí vienen las divergencias.

* Jorge Andrés Hernández.

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De compadres e ideas

“En el fondo, coincidimos en los objetivos fundamentales para Colombia. Tal vez nos diferenciamos en la forma”, declaró el presidente Santos en una entrevista para la BBC sobre su relación con el expresidente Uribe. Sin embargo, como el lenguaje político parece por naturaleza un compendio de insinceridad, pocos colombianos han creído en la afirmación de Santos.

Desde la posesión misma del nuevo presidente hemos asistido a un progresivo distanciamiento de su antecesor, que ha sido interpretado de dos modos principales: unos creen que se trata de una pelea de compadres, otros que se trata de distancias ideológicas sustanciales. Pero ni los unos aportan argumentos convincentes para explicar qué unía a los compadres y qué los desune ahora, ni los otros explican en qué consistirían tales diferencias.

Una primera dificultad para entender las diferencias entre los dos gobernantes es que la ausencia histórica de partidos políticos ideológicamente diferenciados ha producido una cultura donde prevalecen las rivalidades personales, las componendas clientelistas y los intereses burocráticos.

Y sin embargo, pese a carecer de un proyecto ideológico claramente definido, Uribe y Santos representan imágenes distintas de esta nación y proceden de distintos sectores sociales, cuyos intereses traducen políticamente.

Terratenientes versus democracia

Uribe y Santos representan imágenes distintas de esta nación y proceden de distintos sectores sociales, cuyos intereses traducen políticamente.

Debemos a Barrington Moore Jr. — un célebre profesor de Harvard durante los años 60 y 70 — la primera investigación rigurosa sobre la relación entre el régimen político - democracia o autoritarismo- y la estructura social del país o, más concretamente, con cuál sea la clase social predominante.

En un estudio comparativo de varios países [1], Moore demuestra que el desarrollo de la democracia depende de la fortaleza de la nueva clase social moderna — la burguesía — que desplazó progresivamente a la clase antidemocrática por excelencia: la clase terrateniente. La tesis de Moore quedó sintetizada en su célebre fórmula: “No bourgeoisie, no democracy” (“Sin burguesía no hay democracia”).

En una obra que hereda las lecciones de Moore, pero dialoga críticamente con él, Rueschemeyer, Stephens & Stephens [2] plantean que el desarrollo capitalista es un motor esencial de la democracia, porque transforma la estructura social, fortaleciendo la clase obrera y debilitando a la clase terrateniente.

Estas dos obras de política comparada, si bien difieren en si la burguesía o el proletariado es el agente social que mejor promueve la democracia, coinciden en que ella está condenada al fracaso en un país donde los terratenientes son muy fuertes y se convierten en el actor fundamental de un régimen autoritario.

Entre autoritarismo y pluralismo

En Colombia puede haber conservadores más liberales que los liberales, como Betancur y Pastrana, y liberales más conservadores que los conservadores, como Turbay Ayala y Uribe.

En la historia colombiana, una revolución liberal fue siempre una quimera. Ni siquiera los tímidos remedos de López Pumarejo en la primera mitad del siglo XX lograron traducirse en reformas liberales profundas, pues en Colombia existían una burguesía frágil, un movimiento obrero escuálido, asediado y perseguido, y una poderosa clase terrateniente.

Pese a que el Frente Nacional pretendió apoyarse en “la unanimidad moral del pueblo colombiano”, como firmaron Alberto Lleras y Laureano Gómez en Sitges, el país urbano ya daba muestras de una emergente pluralidad política, social y cultural. El Frente Nacional puede entenderse como un autoritarismo electoral: la expresión política de “la unanimidad moral” que se opone a toda pluralidad, diferencia y cambio.

Pese a sus incoherencias políticas – recordadas una y otra vez por estos días – corresponde a Belisario Betancur el mérito de haber reconocido la pluralidad social y política de la Nación, el fundamento de todo orden democrático.

Y desde aquellos días, el país avanza por dos caminos alternativos, que a veces se entrecruzan de acuerdo con las circunstancias:

De un lado, apoyada por sectores medios urbanos y tímidamente por algunos sectores burgueses, la propuesta liberal de Betancur de ampliación política y democrática y de una negociación con las guerrillas, que continúa Barco, que se expresa parcialmente en la Constitución de 1991 y que culmina con el fracasado proceso de paz y de posibles reformas en los diálogos de El Caguán (en Colombia puede haber conservadores más liberales que los liberales, como Betancur y Pastrana, y liberales más conservadores que los conservadores, como Turbay Ayala y Uribe).

De otro lado, como antítesis de los procesos liberales mencionados, desde el proceso de paz de Betancur se vienen organizando y consolidando grupos armados apoyados por terratenientes, políticos locales y militares para oponerse a sangre y fuego a la ampliación política y a las temidas reformas sociales. El aparato paramilitar — que se inicia como experimento en el Magdalena Medio — adquiere una estructura nacional con la eliminación de la UP y con la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que pretendían oponerse a las reformas de la Constitución de 1991 y a las que se negociaban con las FARC en El Caguán, como han mostrado diversas investigaciones.

Todos contra las FARC

La Seguridad Democrática paradójicamente retoma el método de su enemigo, la combinación de todas las formas de lucha, y aprovecha el resultado conjunto del fortalecimiento del Ejército y el apoyo de fuerzas irregulares como las AUC para eliminar al enemigo político.

El fracaso de las negociaciones en El Caguán y el consecuente fortalecimiento de las FARC, con su combinación de todas las formas de lucha, hacen que aquellos dos caminos en realidad se reduzcan a uno solo.

Uribe obtiene el apoyo mayoritario del electorado para enfrentar la amenaza de las FARC y con esta bandera convoca a aquellos dos sectores: ya no hay espacio político y social para retomar la aventura pacifista de Betancur, Barco y Pastrana, y la Seguridad Democrática cumple la función de detener la amenaza del verdadero enemigo político, la izquierda.

Pero no se trata de una operación puramente legal. Empresarios, comerciantes, policías, militares, políticos, terratenientes y narcotraficantes colaboran conjuntamente para “defender la democracia”, como acostumbraban a decir Carlos Castaño y Salvatore Mancuso.

Si en el resto de América Latina esta función fue asumida abiertamente por las dictaduras militares – apoyadas por las élites políticas, económicas y sociales – en Colombia fue tarea de la actividad conjunta, simultánea y solapada de fuerzas legales e ilegales, apoyada por las élites dominantes de la Nación.

El uribismo integra así un proyecto donde convergen sectores de las élites tradicionales con las fuerzas emergentes de narcotraficantes y paramilitares, como bien lo han mostrado los procesos judiciales de la parapolítica.

Se le fue la mano

¿Las críticas a los fallos judiciales representan una vuelta al ambiente de tensión con las Cortes que imperó durante el gobierno Uribe?

Pero aún a los ojos del tímido liberalismo colombiano, la Seguridad Democrática y su legitimación de una estrategia dual (legal e ilegal) llegó demasiado lejos: -De un lado expulsó a las FARC de algunos de sus bastiones tradicionales y las arrinconó con la estrategia de quitarle el agua al pez –como bien sintetizó Carlos Castaño–, esto es, destrozando y desplazando sus bases sociales campesinas. En esto recibe la aprobación de las élites y de buena parte de la población urbana.

-Pero de otro lado, la Seguridad Democrática cruza varias fronteras y pone en peligro los avances de la frágil burguesía liberal nacional: utiliza la central de inteligencia para perseguir al liberalismo y al poder judicial, pisotea los derechos de propiedad de campesinos y sectores medios, vulnera la Constitución y la ley de forma grosera, destroza las relaciones internacionales, convierte el Congreso y la Casa de Nariño en salón de visitas para elementos criminales.

La Ola Verde, como fue denominada la corriente de opinión en torno a la candidatura de Antanas Mockus, puso en evidencia que buena parte de los sectores más modernos e ilustrados del país hallaba intolerables los niveles de corrupción e ilegalidad que había alcanzado la Seguridad Democrática.

El modo como fue recibido Uribe, en medio de protestas, en algunas de las universidades elitistas de Bogotá, confirmaba lo anterior. En un país que no tolera la crítica abierta, la Ola Verde fue una crítica social significativa. El uribismo había cumplido su función histórica, pero un tercer período presidencial amenazaba los logros institucionales del liberalismo colombiano.

Poder y estilo

Como la Ola Verde, Santos no critica abiertamente a Uribe. Las buenas formas de la aristocracia bogotana regresaron al Palacio de Nariño el 7 de agosto de 2010. De nuevo, se imponen el respeto y la elegancia en el trato con los partidos de oposición y con los presidentes de países vecinos, aún si ellos adelantan proyectos políticos antagónicos.

Atrás quedaba el lenguaje camorrero con las Cortes y con los opositores, la obsesión con “la FAR” (sic) y el lenguaje procaz de bar de pueblo (“porque le pego en la cara, marica”).

Con Santos, la crema y nata bogotana puede afirmar nuevamente que el país se gobierna desde una Atenas suramericana y no desde Ralito.

* Doctor en Ciencia Política, Profesor Universidad de Antioquia. Correo: andriushernandez@hotmail.com

Tags: Juan Manuel Santos Política Www.razonpublica.com Álvaro Uribe

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