Una bomba, tres hipótesis y un destino
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La historia del terrorismo en Colombia les ha enseñado a los actores armados que es un arma efectiva para dividir a la sociedad. Las sospechas para culpar a cualquiera de las facciones en pugna son razonables mientras la justicia sea incapaz de resolver el tinglado.
Rodrigo Hurtado*
Bombazo
Esa mañana la ciudad estaba iluminada por un abrasante sol de verano sabanero. No había una sola nube en el horizonte de la capital. De pronto, vino el estallido. Un hombre -ataviado con peluca, una bata blanca y que huyó de la escena del crimen sin que hasta hoy se tenga noticia- intentó matar al polémico ex ministro y periodista de opinión, Fernando Londoño Hoyos.
A las 11:00:14 la explosión sacudió el centro financiero de la ciudad: dos escoltas muertos y medio centenar de heridos en la Calle 74 con Avenida Caracas fue el balance del ataque terrorista más grave que ha registrado la capital colombiana desde febrero de 2003, cuando un carro bomba voló el Club El Nogal.
Desde entonces reina la confusión.
Los sospechosos de siempre
No había pasado una hora de la explosión, cuando el comandante de la Policía de Bogotá, General Luis Martínez, señaló a las FARC como responsables. Según su versión, esa guerrilla tenía planes para cometer una seguidilla de atentados en la capital. Incluso, un carro cargado de explosivos fue interceptado antes de llegar a su objetivo, la sede de la Policía Metropolitana en el centro de Bogotá. Un depósito con metralla fue allanado horas después y uno de los capturados resultó ser desmovilizado de las FARC.
Sin duda, había planes para agitar la ciudad el día que entraba en vigencia el TLC con Estados Unidos. En la Universidad Nacional se presentó un caos cuando los ‘capuchos’ se enfrentaron con la Policía y paralizaron la zona aledaña al campus. Algo similar ocurrió en La Macarena, donde está una de las sedes de la Universidad Distrital. Las FARC han declarado su oposición al tratado y le habrían querido dar su ‘bienvenida’ a punta de bombazos. Desde esa perspectiva, parece lógico que una vez se anunció el 15 de mayo como la fecha en que formalmente entraba en vigencia el TLC, las FARC hayan movido sus milicianos en la ciudad para recordarle a la “confianza inversionista” que todavía no cuenta con “seguridad democrática”.
El objetivo también parece obvio: un oligarca acusado de corrupción por el caso Invercolsa, que ha defendido a militares controvertidos como Rito Alejo del Río, que fue actor clave del gobierno Uribe, que es padre de un oficial del Ejército y que desde su programa y su columna de opinión se ha opuesto férreamente a cualquier tentativa de paz con esa guerrilla. Un ataque personal contra un enemigo de clase.
La autoría de las FARC fue suscrita entre otros por el mismo Londoño, por el ex presidente Uribe, por el director de RCN La Radio, Francisco Santos, y por el analista Alfredo Rangel.
Algunos elementos les dan la razón: los hallazgos en 2007 de planes para matar a Londoño descubiertos en el computador del guerrillero ‘Carlos Antonio Lozada’, la similitud del mecanismo utilizado por ETA, presunta aliada de las FARC y las pruebas recaudadas en los atentados frustrados de ese mismo día.
En 2003 las FARC ya habían dado cuenta de su capacidad de organización y penetración al detonar 200 kilos de explosivos en el parqueadero de uno de los clubes más exclusivos de la ciudad. Un mes después del atentado, las FARC negaron su responsabilidad, pero un juez condenó por estos hechos a 40 años a Herminsul Arellán Barajas, explosivista de la columna Teófilo Forero. Arellán fue capturado hace 14 meses, confesó y está pagando su condena.
Las FARC también negaron su responsabilidad en hechos como el asesinato de la familia Turbay Cote o la ejecución de los 11 diputados secuestrados, que después se demostró sí fueron cometidos por sus hombres.
Esta guerrilla casi nunca reivindica sus atentados terroristas públicamente, aunque los reconozcan y los celebren en privado.
La mano negra
Uno de los más cautos en sus apreciaciones sobre los autores del atentado ha sido el presidente Santos. El viernes afirmó “no se ha establecido que haya relación entre el vehículo cargado de explosivos descubierto el mismo día en el centro de Bogotá y el atentado contra el ex ministro. No se puede concluir nada. Repito: las investigaciones continúan”.
No es el único que ha expresado sus dudas. Una hija del ex ministro, Tatiana Londoño, dijo que "en este caso no se puede decir que hayan sido ellos (las FARC)”.
La hipótesis alternativa sostiene que grupos de “extrema derecha” estarían detrás del atentado. Sin embargo, nadie se atreve a individualizar responsabilidades.
Por grupos de extrema derecha se entendía hasta hace poco a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de las cuales se desmovilizaron 40 mil miembros y cuyos principales comandantes fueron extraditados. Ya no hay un Fidel, un Carlos o un Vicente Castaño a quien culpar. Mancuso, Berna y Jorge 40 están en una celda en Estados Unidos. Unos 13 mil paramilitares se han sometido a la ley de Justicia y Paz.
Muchos mandos medios de esa organización, sin embargo, se diseminaron y entraron al servicio del narcotráfico: Los Comba, Los Rastrojos, Los Paisas, Los Urabeños, el Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia (ERPAC), Las Águilas Negras, Los Machos y Renacer. Sus negocios son boyantes y aunque su tasa de reemplazo es más rápida que nunca antes, su capacidad de intimidación está intacta.
A su lado hay nuevas expresiones de violencia. Según el representante a la Cámara Iván Cepeda, en Cesar, Magdalena, Nariño y Guajira operan ‘Ejércitos Anti-restitución’; en Barrancabermeja apareció un comando llamado Los Botalones, con estrechos vínculos con militares y policías.
Un canal de televisión reveló esta semana una amenaza contra Cepeda, Gloria Cuartas y Piedad Córdoba donde un individuo, que se presenta como “desmovilizado de las AUC, hoy las Bacrim”, afirma que “esos hijuepuetas se tienen que morir”.
Estos grupos armados le estarían ‘haciendo la vuelta’ a los interesados en que la restitución de tierras y la reparación a las víctimas fracasen y la verdad sobre los nexos entre empresarios y grupos armados ilegales nunca se conozcan. Muchos beneficiarios del despojo de tierras en la Costa Atlántica, Urabá y los Llanos Orientales estarían detrás de estas intimidaciones, que han costado ya una veintena de víctimas entre los líderes campesinos.
El mismo presidente Santos lo ha insinuado, sin dar nombres: “La mano negra de la extrema derecha, la que no quiere que se repare a las víctimas, la que no quiere que se restituya a los campesinos, la que quiere exagerar la inseguridad en el país, para decir que este país es un caos".
Sin duda estos grupos tienen la capacidad operativa para organizar un atentado de este tipo. La pregunta es ¿Quién dio la orden? y sobre todo: ¿Para qué?
Alfredo Rangel rechaza esta insinuación: “¿Por qué la derecha atentaría contra su único vocero en los medios de comunicación? ¡Es absurdo!” dijo en Hora 20. “En la emisora de 'Sinchi' (Caracol) ya están insinuando que es un auto-atentado de la 'mano negra'”, ironizó José Obdulio Gaviria.
¿Por qué atacar a Londoño Hoyos? ¿Quizás por su oposición a una ley que eventualmente podría beneficiarlos -como se opuso esa mañana en su editorial de La Hora de la Verdad? ¿Para cobrarle la extradición de sus jefes? No se conoce ningún interés de estos grupos en desmovilizarse, y más bien sus jefes están arreglando por las buenas con las autoridades antinarcóticos de Estados Unidos. La duda está sembrada.
Manzanas podridas y ruidos de sables
Tristemente en Colombia, no basta con descartar a los grupos armados ilegales de derecha e izquierda como posibles responsables de un atentado contra civiles en pleno corazón de la capital. Para muchos la sola idea de que miembros de la Fuerza Pública fabriquen un atentado terrorista es perturbadora, pero hay antecedentes.
En julio de 2005, Emilio Vence Zabaleta salió del DAS acusado por su jefe, Jorge Noguera Cotes, de fabricar tres atentados contra el presidente Uribe en el Atlántico. Vence Zabaleta logró demostrar ante un juez que fue una víctima de esos montajes y que el verdadero responsable fue precisamente Noguera, hoy condenado por poner el DAS al servicio de Jorge 40. Un indigente, Alfonso Rafael Zambrano Puello, capturado por estos hechos y que pagó su condena en la cárcel El Bosque, reveló que “llevó en su carretilla dos morteros, ocho granadas y otros artefactos cubiertos con cartones y botellas vacías, que le habían entregado los mismos hombres que horas después lo detuvieron. Por presión de los agentes, dijo que los explosivos pertenecían a las Farc”.
El 10 de octubre de ese mismo año, el entonces senador Germán Vargas Lleras sufrió un atentado con bomba a la salida de la emisora Caracol. El Gobierno, en boca de Noguera, el ministro del Interior, Sabas Pretelt y la Policía señalaron a las Farc. Pero el año pasado, la revista Semana reveló pruebas de que el atentado fue urdido por agentes del DAS, que habrían infiltrado la escolta del parlamentario. Un documento de ese organismo reza: "Posiblemente los atentados realizados al doctor Germán Vargas Lleras los realiza un civil que tiene un familiar en el DAS, quien le suministra los explosivos". La investigación en el DAS se cerró, luego se desvió y todavía no se han aclarado los hechos.
Pero no sólo se trata del DAS, hoy supuestamente extinto. Miembros del Ejército y la Policía también han resultado implicados en esta macabra modalidad de falsos positivos. El mayor Javier Efrén Hermida Benavidez y el capitán Luis Eduardo Barrero, integrantes de la Regional de Inteligencia Militar del Ejército (RIME), fueron imputados por los delitos de estafa y transporte ilegal de explosivos. Los oficiales se confabularon con la desmovilizada Lidia Alape Manrique, alias Jessica, para perpetrar tres atentados en Bogotá, uno de ellos contra el Centro Comercial Caracas, ocurrido en julio de 2006. Jessica fue condenada a 10 años de cárcel, en agosto de 2008.
Quizás el caso más paradigmático sea el del Coronel de la Policía, Danilo González. Comandante del Bloque de Búsqueda y declarado héroe por su papel en la lucha contra Pablo Escobar luego se supo que, con el devenir de la guerra, se había aliado con los narcos del Cartel del Norte del Valle y que sería uno de los cerebros del asesinato del líder conservador, Álvaro Gómez Hurtado. En ese crimen, que sigue convenientemente impune, también se ha señalado la participación directa de miembros de la Brigada XX de Inteligencia del Ejército, encabezados por su comandante, el coronel Bernardo Ruiz.
Estos antecedentes, y las revelaciones de correos electrónicos entre miembros de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, en los que se critica al presidente y se afirma textualmente que “Hay que decirle al pdte Santos que, o esto cambia, o tendremos que removerlo del cargo”, podrían apuntar a sectores inconformes dentro de las Fuerzas Militares interesados en desestabilizar al gobierno.
Lo más grave
En fin. En Colombia hay suficientes empresas criminales con la capacidad, la oportunidad y el motivo para perpetrar un atentado como el del pasado 15 de mayo. Y eso es, precisamente, lo más preocupante. La sociedad recibe el golpe y no sabe a quién culpar, ni cómo reaccionar.
Aquello fue patente al otro día, en un plantón de protesta en la misma esquina donde atentaron contra Londoño. Los pocos concurrentes, no más de 200, no sabían qué arengar ni contra quién. Unos gritaban “No más FARC”, otros “No a la ley Roy” (en referencia al Marco Jurídico para la Paz aprobado la noche anterior), otros repetían “Paz, Paz, Paz” y hubo hasta conato de pelea entre unos “furibistas” que culpaban al gobierno Santos y activistas por la paz que querían blindar el evento de connotaciones partidistas.
Todo el espectro político ha condenado el atentado, incluso los más duros contradictores de Londoño: Piedad Córdoba, Carlos Lozano, Colombianas y Colombianos por la Paz, La Marcha Patriótica, La Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Petro, León Valencia, Claudia López, Daniel Samper Pizano… El Uribismo es la única facción que no ha perdido la oportunidad de sacarle provecho político. El expresidente Uribe desde las 11:01 de la mañana del martes lanzó una arremetida meditática contra Santos por el manejo de la seguridad y de un supuesto plan de paz con participación de Chávez.
Entre tanto, la sociedad sigue confundida y desorientada. Aunque el general Naranjo -con candidez o descaro- aseguró que en Colombia “en los últimos años no hay un solo hecho de terrorismo que haya quedado en la impunidad” hay que recordarle que aún no sabemos quién fue el responsable de
· el bombazo en la Escuela Militar, el 19 de octubre de 2006;
· el ataque a la sede de Caracol Radio, el 12 de agosto de 2010;
· ni la explosión en el busto de Laureano Gómez el 17 de junio de 2011.
Y de ahí para atrás la lista de magnicidios, genocidios o bombazos sin responsables es larga. Muy larga.
Este atentado no depara sino más guerra, porque acentúa el odio visceral de la población, principalmente contra las FARC, lo que a su vez dificulta cualquier salida negociada. El plan de paz de Santos nació manchado de sangre y no deja de ser por lo menos macabro que se apruebe una legislación favorable a los miembros de grupos armados ilegales justo el día en que uno de ellos puso una bomba en el centro financiero de la ciudad. Recuerda el día en que al calor de los bombazos de Escobar, se hundió la extradición en el Congreso.
Ahí están pues los “enemigos agazapados de la paz”, “las fuerzas oscuras”, “la mano negra” o los sospechosos de siempre, listos a cobrar. Su propósito está consumado: la sociedad está dividida. Ellos, en medio de la confusión, ganan: el negocio de la guerra marcha sobre ruedas. En medio del desorden, aprovechan para afianzar su poder y quedarse con todo lo que ganaron por la fuerza en los años del despojo. A la sociedad atemorizada solo le queda esperar a los resultados de las “investigaciones exhaustivas”. Las instituciones tienen la palabra.
*Periodista y profesor universitario
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