En pleno proceso de implementación de los acuerdos de paz, la reinserción de 7000 ex militantes de las FARC a la vida civil no deja de ser un tema de interés. Congreso Visible acudió a la ACR para conocer las dificultades que ha tenido y posiblemente tendrá el proceso de reintegración en Colombia.       

 

Por María Camila García, estudiante de Economía y voluntaria de CVisible

 

La presencia de grandes empresarios como Frank Pearl y Gonzalo Restrepo, en las negociaciones de la Habana, fueron la imagen clara de la importancia del sector empresarial para el establecimiento de la paz en Colombia. Campañas como Soy Capaz, fueron el reflejo del visto bueno de gran parte del empresariado nacional al proceso, dejando en claro su aceptación al compromiso con la paz. Compromiso, que seguramente irá más allá de contribuciones financieras y entrará a jugar con dinámicas sociales mucho más complejas.

 

Así lo ha dejado en claro Miguel Suárez, coordinador de alianzas estratégicas de la Agencia Colombiana de Reintegración (ACR), al afirmar que “si las empresas no se vuelven un escenario de reconciliación no vamos a llegar a ningún lado”. Miguel Suárez Pulido, es quien lidera procesos de vinculación del sector privado a la política de reintegración en el país dentro de la ACR, institución pionera y con más trayectoria en temas de reinserción de desmovilizados en el país. Congreso Visible habló con Suárez, con el objetivo de conocer un poco más sobre las dinámicas de contratación de desmovilizados por parte del sector privado, y los compromisos que a este le competen en el camino hacia la paz.

 

Congreso Visible: ¿Cuáles son los incentivos o motivaciones que la ACR le ofrece a una empresa para contratar a desmovilizados en tiempos de guerra?

 

Miguel Suárez: Las empresas siempre se preguntan si hay incentivos tributarios y la respuesta es no. Eso responde a distintas lógicas, la primera de ellas es no generar procesos de discriminación positiva. En el momento en el que el Estado le genera un incentivo tributario a una empresa para que contrate un tipo de población específico, en este caso desmovilizados, probablemente otros grupos vulnerables, que también tuvieron afectaciones por el conflicto, van a querer, con toda la razón, ser parte de este tipo de estímulos. Esto tiene que obedecer a una lógica de construcción de paz desde las empresas, no desde una perspectiva filantrópica, inclusive trascender los conceptos básicos de responsabilidad social empresarial, ser conscientes del entorno en el cual se opera y en la medida en que los procesos de reintegración de paz se consoliden, las empresas también van a ganar. Es por eso que el Gobierno Nacional no estimula este tipo de beneficios.

 

C.V: Entonces ¿qué lleva a una empresa a colaborar en el proceso de reintegración?

 

M.S: Un grupo de empresas que tiene un alto nivel de responsabilidad en los sectores en donde operan y trabajan, saben que esa es la mejor vía para garantizar mejores niveles de seguridad y de impactar en las percepciones, opiniones e intereses de la población local en donde operan las empresas. Es ahí en donde las empresas encuentran la importancia de vincularse con este tipo de procesos. No sobra decir que todavía falta mucho por hacer. Aún hay muchas empresas que no han estado dispuestas a vincularse, pero la ACR ya tiene bastante experiencia, con vías y alternativas eficientes que ya hemos recorrido y con las que nos ha ido muy bien; hoy en día, más de 650 empresas trabajan con nosotros. La ACR es una institución que les ofrece más de 10 años de experiencia trabajando con el sector privado, por esto tenemos claros los caminos a seguir.

 

C.V: ¿Cuál ha sido el principal reto al que se han enfrentado con el sector privado?

 

M.S: Hay dos obstáculos que han estado presentes antes y posiblemente lo sigan estando después de la implementación de los acuerdos y va más allá de los empresarios. La principal barrera que hay que superar, no solo para el proceso de reincorporación sino para el proceso de paz en general, y todo lo que venga en adelante, es la estigmatización. Si no logramos superar barreras, ni generamos espacios en donde las personas que hicieron parte de los grupos armados encuentren un lugar de inserción en la sociedad, no va a ser exitoso el proceso. Si seguimos pensando en este tipo de barreras y no tenemos la capacidad como país de superar el pasado conjuntamente, eso va a desembocar en la generación de nuevos ciclos de violencia, ya que a mayor nivel de estigmatización mayor es la probabilidad de reincidencia.

 

Otro problema es el tema de la corresponsabilidad, entender la construcción de un país distinto y la consolidación de un proceso de reintegración no es exclusivo del Estado. Si bien este ha asumido un compromiso férreo al generar una institucionalidad sólida que lleva más de 14 años sin la ayuda de la sociedad en su conjunto el proceso no va a prosperar. Todos debemos ser conscientes de que tenemos un rol para aportar. Más allá de cualquier cosa estamos hablando de la vida de seres humanos. Si no entendemos que es responsabilidad de todos va a ser muy difícil.

 

Otro reto que es muy claro y es más macro, es la relación entre el sector público y el sector privado. Hay muchas empresas que demandan mayor articulación e interconexión entre las instituciones del Estado, para lograr acciones mucho más coordinadas y así no repetir esfuerzos y desgastar a las empresas.

 

C.V: ¿Cómo fue el proceso con las primeras empresas que le apostaron a esto? ¿Fue de parte de ustedes? ¿Fue iniciativa de ellos?

 

M.S: Las 3 primeras empresas que le apostaron a esto hace 10 años son Grupo Éxito, Coltabaco y Sodexo y para hablar del proceso es necesario resaltar la labor del primer consejero para la reintegración, actual miembro del equipo negociador con el ELN y también miembro del equipo negociador con las FARC, Frank Pearl, él venía del sector privado y conocía las lógicas del mismo. Fue él quien inició la labor de relacionamiento con el sector privado en Colombia, trayéndolos al proceso de reintegración.

 

C.V: ¿Qué más falta para que más empresas de todo tipo contribuyan?

 

M.S: Falta que este mensaje se conozca más, que se siga generando confianza, que las empresas borren los imaginarios negativos y crezca la voluntad para que se desarrolle este diálogo. También, falta capacidad de las autoridades locales. Hay quienes están dispuestos a hacer parte del proceso, tanto empresas como desmovilizados, pero se enfrentan a redes clientelares, corrupción y falta de capacidades instaladas para manejar estos temas, lo que desincentiva a cualquiera. Eso también es un reto.

 

C.V: ¿Por qué todas las empresas en Colombia deberían tener en cuenta, en sus procesos de selección, a algún desmovilizado?

 

M.S: No, nosotros no queremos que tengan en cuenta a un desmovilizado porque sea desmovilizado. Si llega una persona que cumple con el perfil que la empresa necesita y en el camino se enteran de que esta persona hizo parte de un grupo armado, no lo rechacen por esto. Lo que promovemos es que no haya exclusión, que se generen oportunidades de diálogo y que las personas tengan oportunidades reales en el mercado laboral. La frase es: ‘no lo deje de contratar porque es desmovilizado’. Búsquenos y le explicaremos en detalle el proceso que le podemos brindar, además del acompañamiento, a la medida de las necesidades de la empresa.

 

Entonces, si bien las oportunidades de empleo que los empresarios pueden ofertar son importantes, al igual que su capacidad financiera, el problema es mucho más complejo. No solamente compete a las empresas y su deber por ser un escenario de reconciliación. Es evidente que el rol de todos es crucial, apoyando a las entidades que contribuyen al proceso de reintegración y aún más importante, aceptando el compromiso de todos dentro del mismo eliminando las barreras de la estigmatización.