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“No podemos permitir que las balas de los criminales, la mafia y oscuros intereses, continúen asesinando a quienes lideran y tienen todo el derecho de recuperar sus tierras”, aseveró Rivera.
El joven congresista liberal del Putumayo, quien ha sido uno de los principales protagonistas en la Cámara del proyecto de víctimas y restitución de tierras, aceptó dialogar con Ecospolíticos.com sobre dicha iniciativa, a la que califica como la propuesta más importante que ha sacado adelante el legislativo en los últimos 20 años.
Ecos: Si va a hacer efectiva la ley, en medio de tantos enemigos de la propuesta?
G.R: Es la iniciativa más importante que se haya tramitado en el Congreso en los últimos 20 años. Busca construir unas políticas de reparación a los millones de colombianos que han sido víctimas de la violencia en este país y que trata además de compensar el daño que han sufrido, logrando que a través de políticas públicas, tengan la posibilidad real de ejercer plenamente sus derechos de ciudadanos.
Ecos: Quienes se podrían beneficiar y cómo es el mecanismo para que quienes hayan sido víctimas, puedan beneficiarse de la misma?
G R: Hay victimas porque han perdido un familiar en medio de la violencia o porque su ser querido está desaparecido en su primer grado de consanguinidad o en el primero de afinidad. Pero también hay víctimas que han sufrido el rigor de la violencia y que por cuenta de esta han tenido que desplazarse de sus lugares de residencia. Son aquellas que se conocen como desplazadas por la violencia. Tanto los unos como otros, hacen parte del universo de las víctimas. Una vez la ley sea aprobada, quienes cumplan esas condiciones, podrán solicitarlas.
Quienes por ejemplo han perdido un familiar o lo han desaparecido en el primer grado de consanguinidad, podrán reclamar la indemnización de carácter administrativo.
Quienes han sido desplazados por la violencia, hay todo un capitulo de políticas de acceso a los programas sociales del estado en materia de educación, salud y de vivienda.
Pero también hay todo un capítulo sobre reparación de carácter simbólico, que significa el resarcimiento moral a través de actos públicos a favor de las víctimas y que busca lograr su reivindicación.
Ecos: Y en el tema de la restitución de tierras?
G R: Aquellas personas que hayan abandonado sus tierras por temor a perder la vida, o quienes hayan sido obligados a transferirlas a otras personas, a unos precios irrisorios muy distantes a lo que valen verdaderamente, o quienes sin haber recibido realmente ningún beneficio de carácter económico, fueron obligados bajo amenazas a transferirlas a testaferros de las organizaciones armadas o de los comandantes de las organizaciones al margen de la ley, podrán de restituir sus tierras.
Para ese procedimiento la ley establece un tribunal especial, una unidad administrativa especial que dependerá del Ministerio de Agricultura y de Desarrollo Rural.
Ecos: Cómo evitar los asesinatos a quienes les van a devolver las tierras?
G R: No podemos permitir que las balas de los criminales, la mafia y oscuros intereses, continúen asesinando a quienes lideran y tienen todo el derecho de recuperar sus tierras.
El Gobierno ya anunció y está dentro del articulado del proyecto, que pondrá en marcha una política de protección. Pero como el asunto se ha venido complicando con asesinatos y cada vez cobra mayor envergadura, me parece que debe existir una verificación internacional. Bien sea de la ONU o de la OEA . Que lleve a cabo un seguimiento a todo este fenómeno de homicidios selectivos de la que están siendo objeto los líderes de las organizaciones de víctimas. Que ese seguimiento y verificación le de eficacia a las políticas de protección, de tal manera que podamos tener la tranquilidad y que los líderes de las organizaciones y beneficiarios estén efectivamente protegidos de las balas criminales.
Ecos: Cuál es el filtro para quienes quieran beneficiarse sin tener el derecho?
G R: La ley establece un par de nuevos delitos para quienes quieren hacerse pasar por víctimas de derechos humanos o del derecho internacional humanitario, o, quienes haciéndose pasar por víctimas del despojo de las tierras, se valgan de los instrumentos de la ley para acceder a la restitución de tierras, indemnización administrativa o lograr el acceso a las políticas asistenciales de salud, educación y vivienda que se plantean en la ley.
Quienes engañen a las autoridades para lograr ser objeto de la ley serán catalogados como delincuentes y podrán ser judicializados y sancionados penalmente.
Ecos: Cual va a hacer la Pedagogía dentro de la ley?
G R : En ese particular le hago un llamado al Gobierno: una vez aprobada la ley se debe hacer de manera masiva, una pedagogía por todo el país de los alcances de esta ley. Estoy recogiendo algunas memorias y tratando de expresar de la manera más elemental posible lo que se busca y cuáles son los alcances de esta iniciativa para que las propias víctimas puedan fácilmente identificar en el texto cuáles son sus posibilidades, los instrumentos que se deben valer, sus derechos y cuáles son las autoridades competentes para garantizárselos. Creo que es un esfuerzo de todos, pero el Gobierno debería hacer el mayor esfuerzo para masificar pedagógicamente la información de la ley.
Ecos: El papel del Congreso en el proyecto?
G R : El congreso ha hecho una tarea seria. Obviamente en este tema han surgido tendencias. Hay quienes consideran que la ley de víctimas es asistencialista, que la misma más que la consagración de unos derechos, lo que ofrece es una especie de dadivas para gente que se ha desplazado. En fin, hay personas que consideran que la restitución de tierras tal y como la hemos planteado en el texto, y como por fortuna ha sido hasta ahora aprobada, lo que hace es poner en riesgo la propiedad rural. Hay tendencias de derecha que se expresan en el Congreso y que han planteado esos argumentos. Pero por fortuna la mayoría si lo ha entendido: una ley que consagra los derechos de personas que han padecido la violencia y que tienen la garantía a través de este instrumento legislativo de acceder a la verdad, a la justicia y a la reparación. Porque entre otras cosas este proyecto también plantea garantías judiciales. A los empresarios que hayan financiado a las organizaciones armadas al margen de la ley, si esto se les verifica judicialmente, tendrán que recurrir a la reparación de las víctimas. Entonces es una ley que ofrece garantías para el efectivo cumplimiento de las víctimas a la verdad, justicia y obviamente a la reparación.
Ecos: Cuantos hectáreas se van a restituir?
G R : Las cifras más conservadoras hablan de dos millones de hectáreas de despojo. Las cifras más detalladas que son las de la comisión que hace seguimiento a la política pública, en favor de las personas desplazadas por la violencia, está hablando de más de 5 millones de hectáreas.
El gobierno quiere comprometerse a través de esta ley en restituir por lo menos dos millones de hectáreas que eso ya es una cifra muy alentadora en términos de hacer justicia en este país.
Ecos: El Papel importante del gobierno en este tema?
G. R: Reconozco el liderazgo del presidente Santos quien ha estado comprometido absolutamente con esta iniciativa. El Jefe de Estado ha demostrado un talante muy liberal en el mejor sentido de la palabra. No lo estoy diciendo del Partido Liberal. Talante liberal en el sentido de sus ideas, de sus prioridades. Digamos para una persona que tiene ideas liberales y que tiene talante liberal, es fundamental que el estado le garantice a la gente que ha padecido la violencia, recuperar lo que perdió por cuenta de la violencia. Eso es de un carácter demócrata, de estilo liberal y progresista.
Ecos: Se aplica esta ley pero sigue la violencia en Colombia?
G R : Esta ley es sugeneris porque en la mayor parte del mundo donde se han aplicado procedimientos o leyes similares, los conflictos han terminado. En Colombia obviamente el conflicto no ha terminado pero tampoco podemos seguir esperando décadas y dejar de reparar a la gente. Tenemos que desde ya empezar a reparar a los ciudadanos que han padecido el horror de la violencia durante décadas y no tener que esperar a que no haya una sola violación más de los derechos humanos para empezar a reparar. Porque no sabemos cuándo va a suceder eso. Ojalá sucediera pronto, pero no tenemos certeza que así ocurra. Por lo tanto nos parece un acto de justicia empezar desde ya a reparar a las víctimas de la violencia.
Ecos: Qué paso seguiría para buscar una reconciliación nacional?
G.R : Nosotros los liberales y con el apoyo de otras colectividades, estamos pensando en un proyecto de ley para la reconciliación. Que consolide la presencia del estado en las zonas de conflicto. Creemos que para ese propósito hay que construir una institucionalidad “ad hoc” y ese sería el proyecto central de esa iniciativa.
Ecos: Qué significa eso?
G R : Significa una institucionalidad pensada únicamente y exclusivamente para las zonas de conflicto.
Ecos: Cómo sería y quienes entrarían en esa institucionalidad?
G R : No es una idea vaga. Si usted mira, las zonas de mayor conflicto en Colombia, son donde la presencia del estado sigue siendo precaria. Donde las entidades territoriales tampoco han resuelto esa precariedad de la ausencia del Estado. Por eso creemos que en esas zonas a través de una ley especial transitoria, como la de víctimas, se garantice la presencia del estado, el acceso a la educación, a la salud, a la construcción de valores democráticos, civilistas, que generen progreso y desarrollen la democracia en Colombia.
Ecos: Constituyente como punto final para resolver el tema de la violencia en Colombia?
G R : Yo no creo en la necesidad de una constituyente. Creo que la constitución del 91 puede servir a la construcción de una sociedad democrática y civilista en Colombia. No creo que se deba seguir modificando la constitución. Me parece que ni siquiera como un punto de llegada. Creo que la constitución del 91 tiene las puertas abiertas para la reconciliación de los colombianos.
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