No voté la conciliación de La ley de ordenamiento Territorial porque no sirve
Como parte de la bancada del Partido de La U e integrante del Acuerdo de Unidad Nacional que respalda la propuesta de gobierno del Presidente Juan Manuel Santos Calderón, había decidido apoyar la totalidad de la agenda legislativa presentada por la administración, previo los estudios de conveniencia respectivos.
En ese orden de ideas hicieron trámite y fueron aprobadas en el Senado de la República iniciativas trascendentales como la ley de víctimas y restitución de tierras, la reforma a la salud, la sostenibilidad fiscal, el estatuto anticorrupción y el nuevo régimen de regalías, entre otras.
En columnas anteriores dije que estas y otras leyes que pasaron a la sanción presidencial luego de las conciliaciones entre Senado y Cámara de Representantes, tienen una particular connotación histórica y le atribuyen al actual Congreso de la República un aporte sin precedentes en la consolidación de las instituciones y la democracia colombianas. Me ratifico en esa posición.
Con lo que no puedo estar de acuerdo y así lo hice saber la semana pasada cuando finalizó el primer periodo legislativo del cuatrienio 2010 – 2014, es con las supuestas bondades de la ley de ordenamiento territorial – LOOT- , que tuvo en el 2011 la culminación del único trámite exitoso luego de 21 intentos tras los primeros 20 años de expedida la Constitución política de 1991.
De los 70 miembros que registro en aquel entonces la Asamblea Constituyente, un total de 21 ha fallecido. Sobreviven 49. Si los que murieron estuvieran hoy entre nosotros, se habrían horrorizado de la ley de ordenamiento territorial que está a punto de ser firmada por el Presidente Santos.
Porque lo aprobado no cumple el mandato constitucional de reglamentar legalmente la creación de las regiones como entidades territoriales y por el contrario retrocede a unas regiones administrativas de planificación y de gestión, que carecen de músculo administrativo – financiero para poner en marcha un sólido modelo de desarrollo regional. Esta debilidad estructural mancilla los compromisos que se hicieron durante la campaña electoral de Juan Manuel Santos y los acuerdos posteriores a su elección con los Gobernadores de la Costa Caribe.
La ley queda bailando como rueda suelta porque sin autoridad regional territorial, vamos a seguir sosteniendo un desarrollo costeño de papel porque en la práctica cada departamento continuará peleando por lo suyo ante los Fondos de Compensación y de Inversión previstos en la reforma al régimen de regalías y tendrá que mantenerse alerta frente al portafolio de proyectos que contempla el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para Todos”. Región de nombre pero sin ningún tipo de fortaleza política y sostenibilidad jurídica. ¿Eso de qué nos sirve? Para que nos sigan dividiendo y se mantenga a mansalva el ejercicio de un estado centralista y centralizado.
Los Gobernadores de la Costa Caribe, liderados por el mandatario atlanticense Eduardo Verano de la Rosa, elaboraron una respetuosa y muy contundente comunicación en la que solicitan al Presidente de la República que no sancione y devuelva al Congreso la Ley de Ordenamiento Territorial para que se le corrija la deficiencia aludida. Les ofrecí mi respaldo a esa petición.
Pensé que durante la conciliación de la LOOT entre el Senado y la Cámara era posible introducir las regiones como entidades territoriales, pero no fue así. Por esta razón voté negativamente la conciliación y dejé mi constancia de protesta ante una ley que nace coja y que es un remedo de lo que ordena la Constitución del 91.
El señor Presidente de la República puede aún darle reversa al asunto y regresar el proyecto al Congreso para que en un nuevo año de estudios y debates se decida favorablemente la conformación de las regiones territoriales. Eso es lo que espera la Costa Caribe de un dirigente en quien confió y respaldó efusiva y mayoritariamente para que dirigiera los destinos de la Patria. Si así lo hiciere Dios y la Patria os lo premien, si no, él y ella os lo demanden.
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