Por Abraham Farfán, estudiante de Economía y voluntario de Congreso Visible

 

El trámite y la puesta en marcha del primer punto del acuerdo de paz se ve cada vez más complicado. A la lluvia de críticas hechas a partir de la filtración del borrador de proyecto de ley que buscaba establecer el marco normativo de todo lo que tenga que ver con el uso y la propiedad de la tierra, se le suma la reciente decisión de la corte constitucional de tumbar puntos claves del fast track que agilizarían el debate y la implementación de lo pactado en la Habana. ¿Se mostrará imposible de superar el reto de la tierra en el país?

 

 

De aquello que queda por tramitar con referencia al agro-la mayoría del primer punto-se conoció recientemente un borrador el proyecto de ley para el “Ordenamiento Social de la Propiedad y Tierras Rurales”, un documento de 56 páginas y 166 artículos que establece el marco normativo de todo lo que tenga que ver con el uso y la propiedad de la tierra. Tardó más en filtrarse que en general polémica; Si bien se ha dado una férrea oposición desde sectores ganaderos, agroindustriales y políticamente conservadores a la RRI desde prácticamente los inicios de las negociaciones, se sumaron ahora reclamos de sectores que han apoyado tradicionalmente el acuerdo.

 

En una carta firmada por cinco congresistas y siete organizaciones sociales -entre ellas la Comisión Colombiana de Juristas- se hacen 14 advertencias sobre la supuesta inconstitucionalidad del proyecto y además se afirma que va en contravía de lo acordado en La Habana, pues no pone a el campesino en el centro de la reforma y favorece a intereses de grandes propietarios. La discusión ha girado en torno a la falta de priorización del campesino sin tierra en favor de empresas y grandes propietarios y la perpetuación consecuente de la problemática de tenencia predial en el campo. Desde un principio se dictaminaron medidas para evitar que ocurriera eso, por ejemplo, estableciendo un límite de tierra a restituir a cada beneficiario proveniente del Fondo de Tierras basado en la Unidad Agrícola Familiar (medida establecida en 1994 para determinar cuánta tierra es la mínima necesaria para subsistir), y su patrimonio. Además, todo beneficiario se dijo iba a ser persona natural, no jurídica, esto con el fin de que empresas o interesados sean beneficiarias de esta distribución, dejando de lado a la población rural vulnerable hacia la cual está dirigida en principio la reforma.

 

Al parecer, no se está actuando acorde a estos parámetros. Son 5 los puntos recopilados por la Silla Vacía a partir del borrador que se dio a conocer que están yendo en aparente contravía a lo acordado. Enunciados brevemente son:

 

  1. El cambio que se daría en la definición de la Unidad Agrícola Familiar (UAF).  La iniciativa legislativa, tal como se reveló, crearía el concepto de la UPR en sustitución de la UAF. Al ser la nueva medida considerablemente mayor, el riesgo aquí sería que se justifique la entrega de tierra a grandes propietarios capaces de poner en producción grandes extensiones.

 

  1. Que las personas jurídicas puedan solicitar el uso de baldíos. Tanto empresas como cooperativas se verían beneficiadas de esta medida, sin embargo, esta iniciativa va en contra la idea de que la prioridad son los campesinos sin tierra difícilmente asociados unos con otros.

 

  1. La entrega de reservas forestales.  Hoy en día, la constitución permite el levantamiento de una restricción forestal únicamente en función de proyectos de alto interés nacional y siempre y cuando se mantenga su vocación ecológica. En el contenido legislativo revelado, se levanta esa última restricción.

 

  1. La desproporción en proyectos asociativos entre grandes empresarios y pequeños campesinos. La reglamentación presente en el borrador, parece no tener en cuenta el tamaño relativo de los asociados.

 

  1. La legitimación de la acumulación de baldíos. haber acumulado baldíos antes de 1994 no constituiría un acto ilegal. Aún más alarmante, para que se establezca que existió acumulación indebida de esos terrenos, estos deben tener en sus registros la prohibición expresa de ser acumulados, condición que, probablemente, tenga unas cuantas validaciones desde 1994. 

 

Adicional a las críticas hechas desde el establecimiento, voceros de las FARC-EP miembros de la Comisión de Seguimiento e Impulso a la Implementación (CESVI) también se pronunciaron en contra del decreto-borrador a través de un comunicado. En este, afirman que se está ignorando el propósito principal del primer punto del acuerdo: la viabilización del Fondo de Tierras creado en lo pactado para otorgar predios a los campesinos que no tienen tierras o que no tienen suficiente. La versión radicada ampliaría los beneficios a grandes propietarios a través del otorgamiento de derechos de uso y limita la participación comunitaria que se había acordado. “Con este acto tramposo, el Gobierno no solo traiciona el acuerdo final de paz sino a los campesinos y campesinas”, manifestaron.

Lo que se viene ...

A pesar de que el contenido que salió a luz y ha suscitado polémica es tan solo un borrador, refleja una contradicción que siempre fue difícil de conciliar en el marco de las negociaciones. Por un lado, está un gobierno que quiere priorizar la agroindustria a grande escala acorde con su política económica neo-liberal, sin desconocer el drama de las víctimas del despojo, y por el otro, una guerrilla que quiere establecer un modelo de desarrollo económico rural basado en el campesino y pequeño propietario, pero reconociendo la necesidad de llevar la industria y el capital al campo. No son visiones irreconciliables; se partió de establecer una plataforma de arranque que comparte la urgencia de ambos actores de solventar de alguna medida la brecha tan drástica que existe en el país. Propuestas más radicales como una reforma agraria estructural, o la transformación de la economía campesina hacia modelos más cooperativistas, se tendrán que debatir y legislar por la vía política y bajo la aprobación democrática de las mayorías. Gran parte de la responsabilidad recae entonces en la Comisión de Seguimiento y Verificación, la Corte Constitucional y el Congreso de la República, quienes tendrán que mostrar independencia y criterio para hacer cumplir la voluntad de ambas partes., pues es alarmante que desde la misma redacción del acuerdo en lenguaje legislativo-algo que se veía tan procedimental y concreto- se esté violando el acuerdo que se pactó.