Es urgente que la representación del pueblo en cargos de elección popular y corporaciones públicas la preservemos en manos de quienes pueden y deben ejercer una actividad política limpia y decorosa, al servicio del desarrollo institucional, lo económico y lo social.
 
Hoy más que nunca nuestro país requiere echar a un lado el individualismo para que se fortalezcan los partidos, se eliminen las extravagancias económicas y pongamos fin a las prácticas malsanas que en épocas electorales le dan protagonismo al delito y arrasan con las expectativas populares respecto del discurso reivindicador de sus necesidades.
 
Ni mesianismos traidores del deseo y afanes colectivos ni empresarios amañadores de balances que solo buscan la defensa del interés personal ni criminales infiltrados con el ánimo de arrebatarle a la ley su más íntimo espíritu depurador y conservador de las buenas prácticas morales y éticas, pueden seguir teniendo pista en los aeropuertos de la política colombiana.
 
Si queremos que nuestros tres poderes públicos continúen como símbolos supremos de la institucionalidad nacional, en beneficio de los más necesitados y desprotegidos en aras de lograr una época de posconflicto brillante en términos de equidad, justicia y progreso social, tenemos que erradicar de un tajo los factores contaminantes del ejercicio político y partidista.
 
Es esta una obligación ineludible no para construir reductos de élites exclusivistas y egoístas sino para restablecer la confianza en el voto popular como medio eficaz de darle a los mejores la oportunidad de servir al progreso, sin violentar las normas penales.
 
En el Ejecutivo hemos reconocido y lo seguiremos haciendo, el enorme esfuerzo por lograr la paz luego de un demencial conflicto armado de más de medio siglo de existencia, al igual que la tarea para disminuir los indicadores de pobreza e indigencia y el incentivo a la libre empresa, el emprendimiento, el financiamiento a la creatividad y la prevención del cambio climático, entre otros aspectos positivos.
 
De la rama jurisdiccional valoramos el ejército mayoritario compuesto por hombres y mujeres fieles a la defensa de la Constitución y las leyes, que nos orientan con su proverbial sabiduría en momentos de excesos gramatical y verbal, pero que no son inmunes por desgracia a las goteras que dejan filtrar las aguas nauseabundas de la inmoralidad.
 
En el campo legislativo existen mayorías que querrían un funcionamiento operativo libre de pecados y multiplicador de la modernización legislativa para hacerle frente a los más caros desafíos nacionales. En ese contexto ha sido consecuente y diligente a la hora de implementar el Acuerdo de Paz logrado con la guerrilla y permitirle al Gobierno los instrumentos indispensables para reducir las limitaciones fiscales y apalancar el desarrollo socioeconómico. 
 
Pero aquí, tanto en el Senado de la República como la Cámara de Representantes, de tiempo atrás también se han colado personajes que sacrifican los sagrados principios de rectitud y probidad y ponen en entredicho la construcción de leyes de noble propósito.
 
Como realidad inocultable nos encontramos con tres poderes públicos que ha sido permeados por el soborno, la inducción al delito, el amañamiento de las costumbres contractuales y el acomodo indebido de las salvaguardas constitucionales y de los códigos en sus distintas especialidades, para hacernos caer al vacío y dejarnos en estado de seminconsciencia institucional.
 
Porque el “Harvey” de la corrupción le ha dado otras tonalidades climáticas a la moral y éticas colombianas, provocando una devastación de tales proporciones en la confianza ciudadana que nos invita a trabajar de urgencia con soluciones de fondo para restablecerla y salvar el futuro de la Patria.
 
Es por ello que, si queremos una Colombia estable y desarrollada en todos sus contextos, el Congreso de la República está comprometido con enviar mensajes alentadores a la ciudadanía de nuestro país.
 
Hoy una de las decisiones más sabias que podría adoptar el Congreso, sería la de acabar con el voto preferente para fortalecer y proteger a los partidos políticos en procura de reducir el costo de las campañas y eliminar a los terceros tipos de la corrupción electoral. Necesitamos exterminar de raíz los males que convirtieron la política en un lucrativo negocio y desbordaron la ilegalidad. 
 
Para eso tiene que servir la reforma política que está a estudio del Congreso, cursa primer debate en la Cámara de representantes y debe estar habilitada antes de la fecha límite de inscripción de candidatos para los comicios legislativos y presidenciales de 2018. El tema más estratégico de esta reforma, que reúne el consenso de muchos congresistas, académicos, doctores en transparencia y expertos electorales, es que volvamos a las listas cerradas para el legislativo, asambleas y concejos, revocando así lo adoptado en el 2003 cuando se determinó que ese mecanismo dejara de ser obligatorio.
 
Está demostrado que el voto preferente no ha mejorado nuestra democracia y es por ello por lo que debemos regresar a las listas cerradas que permiten la deliberación democrática a la hora de organizarlas y presentarlas a la opinión pública, con la ventaja adicional de darles la oportunidad a aquellos que pueden edificar una imagen sobre la base del excelente desempeño político y legislativo.
 
En esta semana que inicia, públicamente me coloco del lado de las listas cerradas para sanear la política y restablecer los vasos comunicantes de los partidos con una ciudadanía hastiada de violencia y corrupción y de que los titulares de prensa vayan en cabeza de los bandidos y no de quienes estimulan un mejor amanecer nacional. Por favor escríbame a [email protected]