Estatuto de Oposición Territorial
Norberto Bobbio, uno de los grandes pensadores de la ciencia política, decía que un sistema democrático moderno, debe garantizar el ejercicio pleno de la oposición política de las organizaciones que persiguen fines contrapuestos a los que defienden quienes detentan el poder del Estado, es decir, garantizar el ejercicio de la oposición debe ser prioridad en cualquier sistema democrático.
Una breve mirada al sistema político colombiano en su contexto histórico, permite ver problemas estructurales no resueltos en todos los niveles del estado, de violencia política, fraude electoral, pérdida de identidad ideológica, deslealtad política, transfuguismo, exclusión de ciudadanos y actores protagónicos, entre otros, que restringen la democracia para el ejercicio de una oposición con plenas garantías.
Aunque debemos valorar los esfuerzos normativos que se han hecho en Colombia, como los consagrados en nuestra Carta Política y en las leyes que reconocen los derechos de participación, acceso a la información y presencia institucional de la oposición e intentan proteger los derechos políticos de las fuerzas diferentes al Gobierno, es claro también que en el país existen múltiples asuntos que no han posibilitado la materialización real y efectiva de la oposición.
Así lo ha entendido en el ámbito nacional, el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, el cual integró mesas de trabajo, con acompañamiento técnico internacional, con el objetivo de avanzar en un proceso de consulta y diálogo para construir una propuesta de Estatuto de la Oposición. Un borrador inicial se encuentra en manos del Polo Democrático Alternativo -PDA-. Esperamos voluntad de las partes para que se radique en el Congreso de la República un proyecto que nos permita encontrar el sano equilibrio entre la gobernabilidad y las garantías a la oposición.
Este contexto y los problemas estructurales que hemos analizado en el país, tienen su más explícita expresión en la política territorial. Por ello, considero necesario que el proceso de concertación para construir una propuesta de Estatuto de la Oposición -estimulado por el Presidente Santos-, se extienda al ámbito territorial, a las asambleas departamentales, a los concejos municipales y otras instancias de la sociedad civil, como condición necesaria para el ejercicio adecuado de la oposición en todos los niveles del Estado, es decir, para fortalecer la democracia desde lo local y regional.
En Colombia aprobamos la reelección presidencial sin discutir el Estatuto de la Oposición y hemos sentido su vacío. En múltiples oportunidades se ha buscado que en el Congreso de la República se apruebe la reelección de alcaldes y gobernadores, con todo respeto considero que con mayor énfasis en lo territorial debemos poner en práctica ese sano equilibrio entre la gobernabilidad y las garantías a la oposición, antes de discutir y aprobar cualquier propuesta en este sentido.
Grandes estudiosos de la ciencia política mundial -Pasquino y Sartori- han planteado la ineludible responsabilidad que los sistemas democráticos poseen frente a la garantía del ejercicio de la oposición, que es antes que nada, una expresión del derecho fundamental a la participación política. En las democracias modernas existe muy poca oposición real y sustentada, mientras en algunos sistemas políticos permiten y propician esta escasa oposición, otros anulan la posibilidad.
Recordando a Sartori: “El lugar de la oposición en un sistema político debería ser el de las vocales con respecto a las consonantes en el idioma español… tan solo son cinco pero están en todas las palabras”; ojalá en el alfabeto de nuestro sistema político colombiano, en todos los escenarios democráticos del país, en los entes territoriales –departamentos y municipios-, incluyéramos las vocales, en un renovado e incluyente lenguaje, como soporte fundamental de una nueva cultura política.
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