Alejandra Ávila

 

Durante estos últimos dos años (2015-2017) el Congreso ha adelantado una actividad que no es muy recurrente en sus funciones como es la de mediador para resolver conflictos entre partes. Esta función se pudo observar en el paro nacional de educadores, el paro nacional de camioneros y en el paro de pilotos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles.

Por esta razón, Congreso Visible decidió hacer un análisis sobre estos tres momentos en el que el Congreso ha ido más allá de sus funciones constitucionales, legislativas y de control político.

 

Paro nacional de educadores

 

El 22 de abril de 2015 la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) entró en paro con el fin de presionar al Gobierno Nacional a discutir y llegar a un acuerdo sobre la nivelación salarial de los educadores y la mejora del servicio de salud que recibían, según el comunicado de FECODE del 19 de abril de 2015.

 

El cese de las actividades por parte de los maestros del país ocasionó que más de 9 millones de estudiantes dejaran de recibir sus clases (Informe del Ministerio de Educación, 26 de abril 2015). Ante esta grave vulneración al derecho a la educación, el 28 de abril el senador Mauricio Aguilar, vicepresidente de la Comisión Sexta de Senado, encargada de la educación del país, invitó a los congresistas miembros de esta célula legislativa, a ofrecerse como mediadores del paro. Mediante una proposición firmada por más de 50 senadores de todas las bancadas se solicitó al Gobierno y a FECODE la apertura al diálogo lo más pronto posible, según el archivo digital de FECODE. El pasado 7 de mayo las partes lograron llegar a un acuerdo y el paro de educadores cesó.

 

En este caso, la petición efectuada por más de la mitad del Congreso fue un acto simbólico que procuró el cumplimiento de los derechos fundamentales de los colombianos, ya que el Congreso no tiene la capacidad de imponer una decisión para las partes, sino que corresponde a las partes ponerse de acuerdo y consentir o no en la solución propuesta.

 

Paro de pilotos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles

 

El conflicto inició el 22 de julio de 2017 entre la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC) y Avianca. Congreso Visible entrevistó a dos pilotos miembros de la Asociación, entre ellos Alejandro Pinilla, quien indicó que entre las peticiones buscaban “poner fin a la discriminación dentro del mismo holding. Los pilotos de Avianca en Perú ganan aproximadamente 60 % más que nosotros. Se estudió que el costo de vida en Perú es más caro: el costo de vida es 10 % más costoso que acá. Lo que nosotros pedimos es que nos suban el salario con un costo de 10% de diferencia. Este aumento no se haría de una, los contratos se firman por 4 años, entonces que cada año le suban”. Es decir, la ACDAC solicitaba el aumento del 20% a largo plazo de los salarios con el fin de reducir la brecha salarial dentro del mismo holding.

 

Según el comunicado de prensa de Avianca del 18 de octubre, más de 358 mil pasajeros han resultado afectados y se han cancelado 8109 vuelos, lo que ha resultado en grandes pérdidas económicas para la aerolínea. Es pertinente recodar que el Tribunal Superior de Bogotá expuso que el transporte aéreo es un servicio público esencial. Esto quiere decir que el servicio de transporte aéreo “contribuye de modo directo y concreto a la protección de bienes o a la satisfacción de intereses (…) ligados con (…) la efectividad de los derechos y libertades fundamentales”, según la explicación dada por la Corte Constitucional en la sentencia C- 450 de 1995. Así las cosas, con la huelga de pilotos los colombianos ven afectado de forma severa su derecho a este servicio público.

 

Frente a esta afectación para los ciudadanos, el 31 de octubre, el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, citó a las partes en la Comisión Séptima con el fin de escucharles y llegar a un acuerdo. En esta citación se citaron a Avianca, a la ACDAC y a la Aerocivil.  Sin embargo, Avianca fue la única parte que no se presentó, de todas maneras, la ACDAC y la Aerocivil fueron escuchadas.

 

La huelga finalizó el 9 de noviembre. Con la citación, el Congreso buscó allanar un camino para que las disputas entre individuos se resuelvan por la vía del acuerdo. De esta forma, se puede ampliar la perspectiva de las funciones del Congreso al ser un órgano orientador en un conflicto entre partes. Con estas iniciativas se torna en un órgano educador para las partes en tanto enseña que los problemas se pueden arreglar dialogando y sin acudir a otras instancias judiciales.

 

Pero esta no ha sido la única ocasión en que el Congreso ha intervenido: el año pasado durante el paro nacional de camioneros sucedió algo similar.

 

Paro nacional de camioneros

 

El paro nacional de camioneros comenzó el 7 de junio de 2016 cuando la Asociación Nacional de Camioneros suspendió sus actividades. Esta asociación buscaba dialogar con el Gobierno Nacional sobre los costos de los peajes y los altos precios del combustible.

 

Este paro de transportadores se registró en 8 departamentos que permanecieron aislados por los bloqueos, con desabastecimiento de alimentos y combustible. Entre los departamentos afectados estuvieron Nariño, Boyacá y el Valle que sufrieron un grave desabastecimiento de alimentos primarios, según el comunicado del Ministerio de Transporte del 9 de junio de 2016. Por lo tanto, este paro vulneró los derechos económicos y sociales de estas poblaciones.

 

Frente a estas nefastas consecuencias, la Comisión Sexta del Senado decidió citar a las partes para ser escuchadas en el Congreso. Así, la audiencia se realizó el 16 de julio y el Congreso elaboró un informe de esta con los planteamientos de los camioneros.

 

El 22 de julio el paro de camioneros llegó a su fin, 6 días después de la citación en el Congreso y su efectivo debate. Esto refleja que la actuación del Congreso fue eficiente y efectiva para resolver el caso en cuestión.

 

Es interesante resaltar que el Congreso no actúa de manera inmediata cuando comienza la huelga laboral, sino cuando la vulneración de derechos sociales y económicos es considerablemente perjudicial para la sociedad. Con el fin de garantizar los derechos de los ciudadanos que son ajenos a las huelgas, el Congreso se propone como conciliador e invita a las partes a solucionar de forma amistosa la huelga.

 

Estos tres casos de huelga laboral tiene en común la interrupción colectiva de una profesión por parte de los trabajadores con el objetivo de exigir mejoras en las condiciones de trabajo o protestar contra disminuciones de los derechos sociales.

 

En conclusión, las citaciones de las partes por parte del Congreso no tienen efectos inmediatos, pero si tiene un efecto simbólico y social muy importante pues contribuye a mantener la convivencia pacífica, la cual es uno de los fines esenciales del Estado.