Educación superior para pobres

Abr 2011 19

So capa de aumentar la cobertura, el proyecto del gobierno desfinancia la educación superior de calidad y ofrece una formación pobre para los pobres. Un análisis del proyecto a la luz de la literatura y de la experiencia internacional.

Por Gabriel Misas, especial para www.razonpublica.com

Tres preguntas

De la lectura del proyecto presentado por el Ministerio de Educación Nacional, MEN, para modificar la actual normatividad que rige la educación superior, me surgen múltiples inquietudes. Para este comentario me quisiera concentrar en tres de ellas: ¿Por qué el afán de reformar la ley 30? ¿Qué pretende la reforma? ¿Cuáles son los beneficios para el país y para la educación superior al diseñar mecanismos e incentivos para atraer al país universidades con ánimo de lucro?

La exposición de motivos que soporta el proyecto de ley no se basa -curiosamente- en un estudio profundo de la evolución de la educación superior en Colombia a partir de la entrada en vigencia de la ley 30 de 1992, que permitiría comprender las ventajas y limitaciones que ha tenido dicha norma para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación superior.

¿Por qué reformar la ley 30?

En el foro organizado por el ministerio para socializar el proyecto los días 5 y 6 de abril, el argumento central esgrimido por la señora ministra para sustentar el cambio fue el tiempo transcurrido desde la expedición de la norma y los cambios ocurridos en el mundo durante este lapso. Explicación a todas luces insuficiente para sustentar la necesidad del cambio de la normatividad.

La exposición de motivos se centra en la presentación de "casos" de países supuestamente exitosos, en los cuales la llegada de inversionistas en el campo de la educación superior permitió aumentar la cobertura del sistema.

¿Por qué no llamarlos de una vez mercaderes, si a lo largo del texto se hace referencia permanentemente al mercado de la educación superior?

El ejemplo paradigmático es el de Brasil, donde a partir de la llegada de las instituciones con ánimo de lucro se amplió la cobertura en 1,8 millones de alumnos, de los cuales 1,5 millones corresponden a las capas más pobres de la población.

El texto señala, igualmente, que el 80 por ciento de las Instituciones de Educación Superior, IES, son privadas y concentran el 72 por ciento de la matrícula y que están orientadas en su gran mayoría a "impartir una rápida titulación, para facilitar la inserción laboral" [1], lo cual ha "generado una diversificación de instituciones en cuanto tipos, tamaño, y la proliferación de las pequeñas instituciones privadas con una oferta correspondiente, ajustada al perfil y las demandas de sus estudiantes" [2]. Lenguaje críptico, propio de la burocracia internacional, que traducido al lenguaje cotidiano significa: una oferta pobre, de baja calidad, para pobres.

La expansión de la matrícula de las universidades de lucro fue posible gracias al programa de crédito educativo, establecido por el gobierno brasilero, para estudios de pregrado en instituciones privadas.

Como lo señalan J. Dias Sobrinho y Marcia de Brito, "frente a la enseñanza terciaria no universitaria de naturaleza privada, respetadas las excepciones, no solamente la universidad, sino incluso todo el sistema, ha perdido mucho del significado de la educación como bien público necesariamente de calidad y de valor social" [3].

Lucro no es calidad

En el texto del ministerio hay un recuadro titulado "Impacto de calidad - instituciones con ánimo de lucro". Sin embargo, no hay ninguna referencia a la calidad y mal podría haberla en la medida en que las IES con ánimo de lucro son de muy baja calidad, como se ha demostrado en la literatura especializada en Brasil, Argentina y México. Así lo han mostrado claramente los trabajos de Carmen García Guadilla, una de las investigadoras más connotadas en el campo de la educación superior en el mundo.

Muchos columnistas han defendido la apertura del campo de la educación superior a universidades extranjeras en la creencia equivocada de que el cambio en las normas permitiría a Harvard, Chicago o Stanford establecer campus en nuestro país, ignorando que las empresas de educación superior con ánimo de lucro son organizaciones de naturaleza muy diferente de la de las prestigiosas universidades antes mencionadas.

Las empresas que llegarían al país, posiblemente de la mano de socios colombianos, como ya lo hicieron en Brasil, México, Argentina y Centroamérica, son instituciones como el Silvan Learning System, el mayor proveedor privado de educación superior en el mundo (200.000 estudiantes en el 2010), empresa que hace 10 años se dedicaba a producir el equivalente a nuestras pruebas Saber para los High Schools de Estados Unidos, el grupo Apollo, ambos americanos, o el grupo Pitágoras de Brasil.

El verdadero objetivo

Del contenido de la normatividad propuesta y de lo consignado en el Plan de Desarrollo se puede colegir que el verdadero objetivo de la reforma es permitir ampliar la cobertura sin un aumento mayor en el gasto público en educación superior.

Los artículos 105, 106 y 107 no se diferencian sustancialmente de lo consignado en la reglamentación vigente. Eso sí, se agrava sí la situación financiera de las universidades públicas al mantener constantes sus asignaciones en términos reales y otorgarles un plus de un 1/3 del crecimiento del PIB, al mismo tiempo que se elevan las exigencias en términos de investigación, programas de posgrado, calidad y docentes de mayor grado de calificación.

De hecho, se disminuye la participación del gasto público en la educación superior con respecto al PIB: actualmente es de sólo 0,4 por ciento, uno de los más bajos de América Latina; cifra que se contrasta muy desfavorablemente con el 1,3 por ciento de los países de la OCDE y con el 2,4 por ciento de Corea.

En Brasil fue distinto

La propuesta colombiana de reforma se diferencia de la del Brasil en la medida en que el gobierno de Lula, al mismo tiempo que impulsaba la creación de universidades de lucro, dotó con más recursos a las universidades federales (públicas), creó nuevos centros universitarios y mantuvo la gratuidad en ellos, tanto en las formaciones de pregrado como en los posgrados, incluyendo los estudios doctorales. Aumentó, igualmente, los gastos en investigación y desarrollo.

Todo lo cual le ha permitido a Brasil ocupar, de lejos, el primer lugar en investigación en América Latina y que sus universidades federales se encuentren entre las mejores de la región y muchas de ellas hagan parte de las 500 mejores del mundo.

Una educación sesgada

Otra de las características de la reforma propuesta es su sesgo economicista. La educación, en todos sus niveles, es concebida como una formación para el trabajo al servicio de la empresa privada, y la investigación es sinónimo de innovación para los autores del proyecto.

Los altos funcionarios del Estado, responsables de formular y manejar las políticas públicas en educación, en ciencia y tecnología, y en economía han planteado en diferentes foros la necesidad de reenfocar tanto los estudios doctorales como las tesis doctorales hacia la producción de patentes, ignorando olímpicamente que el fin de la educación es la formación de ciudadanos y de individuos con autonomía de pensamiento que les permita desplegar todas sus potencialidades, y no únicamente el entrenamiento en competencias laborales para desempeñar una profesión u oficio.

La investigación es importante, no tanto por las eventuales aplicaciones prácticas de sus resultados, sino por los habitus científicos, que estudió profundamente Bourdieu, moldeados en los profesores-investigadores para ser transmitidos al conjunto de los futuros profesionales, mediante los sistemas y procesos de la educación superior.

Ni calidad ni equidad

En síntesis, la reforma propuesta agrava los problemas de calidad y de exclusión del actual sistema de educación superior colombiano. El gobierno podrá cumplir las metas de nuevos cupos y muchos de los hijos de las familias más pobres podrán acceder mediante el crédito educativo del Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX, a las nuevas universidades con afán de lucro que se establezcan, gracias al financiamiento estatal indirecto, pero lo harán en establecimientos de muy baja calidad, en programas de "rápida titulación", como en Brasil, sin ninguna garantía de que esos diplomas serán reconocidos por el mercado y de que con sus títulos puedan lograr una inserción laboral digna, tanto en términos de remuneración como en el tipo de labores desempeñadas.

En conclusión, no hay equidad cuando no existen condiciones objetivas de igualdad de oportunidades para acceder a servicios como educación y salud de alta calidad o cuando los servicios ofrecidos a la población más pobre son de menor calidad, como en este caso la educación superior, comparados con los que pueden obtener grupos sociales que disponen de más capital económico o de mejor capital social y cultural.

* Profesor Titular. Universidad Nacional de Colombia

Notas de pie de página

[1] Pag. 5

[2] Id. P. 9

[3] Analiacao, vol 13, N. 2, julio 2008, 489.

Tags: Educación superior Colombia Gabriel Misas Ministerio de Educación Educación Educación pública Razonpublica.com Www.razonpublica.com

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