Dos años de Santos: la salud, o los límites ... | Ágora

Ago 2012 06

Dos años de Santos: la salud, o los límites del reformismo

Domingo, 05 de Agosto de 2012

Anuncios, retoques, ires y venires, son el saldo de un gobierno reformista que por eso no se atreve a desmontar el modelo que ha seguido fracasando con estruendo. Tres escenarios posibles para los años que restan.

Saúl Franco *

Vergüenza olímpica

Mientras en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos los británicos exhibieron los logros innegables de su sistema de salud y seguridad social ya casi bicentenario, los colombianos seguimos padeciendo la lenta y costosa agonía de un modelo de salud, cuya vida el gobierno pretende prolongar artificialmente.

Esa agonía se ha mantenido debido justamente al talante del gobierno: un talante reformista. El presidente se reconoce como vocero y garante del establecimiento económico–político y social, y actúa en consecuencia: se ha comprometido a mantener el modelo de salud vigente, introduciendo ajustes parciales que no tocan su estructura ni alteran el equilibrio de intereses.

Sin embargo, una acumulación de síntomas indica que el sistema de salud y seguridad social (SSSS) ya no aguanta más reformas: requiere un cambio de fondo.

Metáfora médica

Hay enfermedades que deben tratarse poco a poco con medicamentos ordenados por un médico general. Pero hay otras que requieren de un tratamiento quirúrgico urgente y radical, a manos de un cirujano entrenado y dispuesto a extirpar los tejidos u órganos que originan el daño. Es el caso, por ejemplo, de una apendicitis: mientras más se demoren el diagnóstico y el tratamiento, peor será el pronóstico para el paciente, pudiéndose inclusive precipitar su muerte.

Considero que el SSSS colombiano se encuentra en la segunda condición: objetivamente requiere de una cirugía de urgencia, pero los encargados de atenderlo siguen aplicando tratamientos sintomáticos y paliativos, porque al frente del equipo no está un cirujano decidido, sino un generalista vacilante y paralizado. Hasta aquí llega la metáfora.

Conviene precisar que las vacilaciones presidenciales no se deben a ignorancia o inseguridad, sino al compromiso de atender intereses contradictorios: de quienes se espera que protejan la salud y de quienes controlan en realidad el sistema.

En eso consiste el talante reformista: ajustar sin cambiar; cambios de forma, sin tocar la estructura; aparentar con todos, siempre de la mano y al servicio de unos pocos.

Dos años perdidos

Un recorrido por las decisiones gubernamentales pone de presente, más en hechos que en palabras, de qué lado está y hacia dónde va el reformismo en salud del presidente Santos.

La designación del economista Mauricio Santa María como ministro de Salud —muy cercano a las ideas y proyectos del ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry— fue un signo inequívoco de que el modelo mercantil no sólo se mantendría, sino que se radicalizaría. Y así fue.

Durante el primer semestre de 2010 el gobierno Uribe sufrió una de sus mayores derrotas, al ser declarada inexequible la Emergencia Social en Salud (ESS). Ante al riesgo de que se repitieran las más grandes movilizaciones por la salud registradas hasta entonces, los dos nuevos ministros se estrenaron con un Proyecto de Ley Estatutaria. El proyecto pretendía revivir lo esencial de la ESS y blindar el modelo. En concreto: reducía el derecho a la salud a un limitado Plan de Beneficios, supeditaba el derecho a la sostenibilidad financiera, quitaba piso a las acciones de tutela, y anunciaba sanciones para quienes no se autocuidaran.

Ante el predecible fracaso de semejante proyecto, el gobierno aceptó respaldar la iniciativa de la senadora Dilian Francisca Toro, que culminó en la ley 1438 de 2011, menos radical que la ESS y que el proyecto de los dos ministros, y que sin embargo mantenía el modelo, le daba a la sostenibilidad fiscal el carácter de principio, se extendía en afinar los procedimientos financieros y gerenciales y, por suerte, le daba presencia a la salud pública. Año y medio después de su promulgación, nadie se atreve a afirmar que haya contribuido a aliviar al paciente de manera significativa.

El punto máximo del reformismo santista lo vivimos el 12 de agosto de 2011, cuando el presidente apareció ante los medios rodeado de su equipo de salud y de algunos dirigentes del gremio médico, haciendo afirmaciones y propuestas que encajaban más en las aspiraciones de la oposición que en la línea dura de su gobierno:

· la salud es un derecho, no un negocio;

· el aseguramiento de la población es responsabilidad del Estado;

· serán fundamentales la autonomía y la autorregulación de los profesionales de la salud;

· “vamos a tener un plan de beneficios universal, equitativo, único e integral, que no va a excluir ninguna enfermedad”

· Y ante la evidencia de la corrupción y los abusos de algunas EPS, anunció controles y sanciones: “Se acabó la guachafita”.

Un año después, ni se ha acabado la guachafita —inclusive la Superintendencia Nacional de Salud está aun acéfala— ni se ha avanzado hacia un plan de beneficios universal e integral, salvo el tardío acatamiento de la propia Ley 100 y de la Sentencia T-760 de la Corte Constitucional, en el sentido de unificar los dos planes de beneficios existentes: el subsidiado y el contributivo, cuya financiación sigue siendo objeto de estira y encoge y del retiro de algunas administradoras, en especial del régimen subsidiado.

Peor aún, el 19 de julio pasado el presidente borró con el codo lo escrito con la mano: no vamos a cambiar el modelo, sólo ajustes parciales, de predominio operacional y de trámite financiero.

Este ha sido, desde entonces, el mensaje repetido por todos los funcionarios gubernamentales en los medios y en los debates públicos y de control político, cada vez más frecuentes sobre el tema.

Empeora la salud, crece la indignación

Los problemas se agravan y producen frecuentes erupciones, mientras el gobierno —con la mira en mantener el modelo obsoleto— se mueve pendularmente al ritmo de los escándalos y de las encuestas. Estos son apenas algunos de los indicadores de fallas evitables:

· la reaparición o el aumento de enfermedades infecciosas que deberían estar controladas;

· el brote de sarampión en Barranquilla, en septiembre del año pasado;

· los 30.000 casos de dengue en el primer semestre de este año;

· la persistencia de la tuberculosis o los recientes casos de rabia humana en Bogotá.

De otro lado, el cierre de hospitales públicos por colapso financiero —debido en buena parte a las abultadas deudas de las EPS estimadas en más de 10 billones de pesos— o el cierre de servicios pediátricos por baja rentabilidad, denotan los estragos de la mercantilización y el desvío de recursos públicos hasta niveles que llevaron a la Contralora General de la Nación a afirmar a finales del año pasado “… que estamos rayando en el peculado y en lavado de activos.”

Al mismo tiempo, crecen la insatisfacción y la indignación ciudadanas, provocadas por la negación sistemática de servicios, los trámites onerosos que llevan al agotamiento de las familias y al agravamiento de las enfermedades, y el contraste ofensivo entre la precariedad de lo recibido y el despilfarro y enriquecimiento desbordado de los mercaderes de la salud.

Tres escenarios y dos años por delante

La suerte del actual gobierno y de su futuro político se está jugando sobre cuatro apuestas: restitución de tierras, salud, educación y paz.

Están dadas las condiciones propicias para que el gobierno tome el toro por los cuernos en el tema de la salud y de la seguridad social y lidere sin dilaciones ni nuevas vacilaciones un proceso democrático y a término fijo razonable: concertar un nuevo modelo de salud, en armonía con las necesidades sociales, las experiencias nacionales e internacionales, los desarrollos científico–tecnológicos y la rica diversidad del país.

Todo indica que la llave de la salud está en el fondo del mismo bolsillo donde se esconde la de la paz. Nada permite prever que el camino gubernamental conduzca de veras a sacar a la crisis de la salud de su estado de enquistamiento.

Se perfilan entonces tres escenarios posibles:

· Uno malo, de radicalización del modelo vigente. Sería el caso, por ejemplo, de que se abrieran paso propuestas como la de la senadora Piedad Zuccardi, de un salvamento de las EPS con fondos billonarios del Estado –es decir, de todos los colombianos– recurriendo a la artimaña de “nacionalizarlas temporalmente”, inyectarles los recursos y luego volverlas a sus dueños privados. Fue la estrategia usada a finales del siglo pasado para salvar a los banqueros castigándonos a todos, es decir: socializar las pérdidas y privatizar las ganancias.

· Si este escenario es malo, hay otro peor: prolongar irresponsable y pasivamente la agonía del modelo, administrándole nuevos paños de agua tibia, jugando al cambio de chofer en lugar de cambiar el carro, y propiciando la persistencia de la corrupción, la voracidad de las ganancias y el aumento desmesurado de los saldos rojos de dolor, enfermedad y muerte.

· Pero también resulta viable un tercer escenario. Más allá de las peripecias reformistas, los convencidos de la urgencia de un nuevo modelo de salud y seguridad social podríamos por fin unirnos, aglutinando amplios sectores de la academia, de las organizaciones sociales, de los gremios, de los sindicatos, de organizaciones políticas y populares, para organizar la movilización social que legitime y abra el camino legal para un modelo alternativo.

Puede convertirse en un instrumento valioso y útil en esta tarea la propuesta de Ley Estatutaria ya presentada a la discusión nacional por parte de la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-760 y de Reforma Estructural del Sistema de Salud (CSR).

* M.D. y Ph. D., docente-investigador de las universidades Nacional de Colombia y Santo Tomás.

Tags: Balance Gobierno Beatriz Londoño EPS Juan Manuel Santos Ley 100 Ministerio de Salud POS Saúl Franco Salud

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