Carta Abierta al Presidente Santos

Mar 2012 09

Domingo, 04 de Marzo de 2012 21:45

CONFLICTO, DROGA Y PAZ

Bogotá, D.C., marzo 5 de 2012

Señor Presidente de la República de Colombia

Dr. JUAN MANUEL SANTOS

Señor Presidente:

Dijo usted en el discurso de posesión el 7 de agosto de 2010: “La puerta del diálogo no está cerrada con llave”. Para fijar destinatarios de tales palabras, usted agregó: “A los grupos armados ilegales que invocan razones políticas y hoy hablan otra vez de diálogo y negociación, les digo que mi gobierno estará abierto a cualquier conversación que busque la erradicación de la violencia y la construcción de una sociedad más próspera, equitativa y justa”.

En diversos momentos y con énfasis distintos, ha reiterado usted el primer enunciado en lo que va corrido de su mandato. Recientemente en Florencia, al término de un Consejo de Seguridad, usted redundó sobre la misma imagen. Es cierto que en su intervención formuló una inquietante indicación: “El Gobierno no tiene en este momento ningún indicio, ninguna manifestación que nos pueda a nosotros convencer de la buena voluntad de la contraparte en materia de llegar a un acuerdo de paz. Por lo tanto, la acción de la fuerza Pública será contundente y seguirá siendo contundente sin ninguna contemplación”.

Nos ha estimulado a escribirle estas líneas el hecho de que usted no haya arriado la bandera de la reconciliación, pero también nos ha empujado a hacerlo ahora la Declaración Pública del Secretariado del Estado Mayor Central de las Farc, conocida por la opinión nacional el 26 de febrero pasado. Como a la inmensa mayoría del país, nos ha alegrado que a la liberación de los seis militares inicialmente anunciada se haya adicionado el nombre de cuatro más, así como la manifestación de agilizar por parte de la guerrilla las acciones de la liberación.

Por las implicaciones que a más largo plazo tiene, asumimos como importante novedad, de cara a la trayectoria de 48 años de las Farc, la decisión de proscribir el secuestro extorsivo y de abolir la llamada Ley 002 que establecía para la guerrilla una aberrante atribución fiscal y la escandalosa “institucionalización” de la amenaza del secuestro con fines extorsivos.

En la etapa actual del conflicto interno se hacen evidentes primordiales realidades: el avance decisivo de la acción contrainsurgente del Estado mediante la acción de la Fuerza Pública, la pérdida de la proyección estratégica de la guerrilla, la persistencia de estructuras organizadas de las guerrillas que operan en lógicas nacionales y producen diverso tipo de operaciones ofensivas. De este cuadro se desprenden coordenadas que de mantener su trayectoria hacen previsible la continuación del conflicto interno con la inevitable prolongación de sufrimiento humano, pérdida de vidas, destrucción material y envilecimiento de la guerra.

Ante tan sombría perspectiva creemos que sólo la audacia política, que no identificamos con inopinada temeridad, puede abrir caminos inéditos para la reconciliación. Creemos, Señor Presidente, que políticas como la que está induciendo la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, con las limitaciones que a nuestro juicio ella presenta, así como la decisión que hizo posible la acelerada normalización de las relaciones internacionales con los vecinos, son iniciativas cuya calidad quisiéramos ver dirigidas también a la búsqueda de superación del conflicto interno mediante el diseño de una política que permita conversaciones serias y claras con la insurgencia.

Cuando señalamos la necesidad de coraje y audacia, también en el campo de la reconciliación, somos conscientes de que en el país operan poderosos intereses de orden militar, económico y político que se benefician con la prolongación de la guerra. Allí está, al menos en parte, la fuente que alimenta la retórica belicista y la excitación a la revancha que cobran intensidad cuando se producen señales de distensión. Tal vez no sobre consignar aquí, para evitar juicios insidiosos, que nos inspira la idea de la instauración definitiva en Colombia del monopolio de la fuerza por parte de Estado, pero bajo la inamovible condición de que es el monopolio legítimo de la fuerza el que corresponde construir.

Quisiéramos rodear de optimista expectativa uno de los enunciados de la Declaración de las Farc aquí glosada: “Por nuestra parte consideramos que no caben más largas a la posibilidad de entablar conversaciones”. Diversas señales permiten pensar que está aflorando el sentimiento de que la prolongación de la guerra es un propósito que no tiene sentido, miradas las cosas desde el alto interés nacional.

Usted, señor Presidente, ha insistido con razón que se le permita al gobierno proceder en materia de conversaciones con independencia y cautela. Esa observación la entendemos cabalmente en el plano operativo que implican los contactos, las imprescindibles exploraciones. Con toda convicción asumimos la justeza de tal advertencia, pero al mismo tiempo reiteramos que los problemas emanados de un conflicto que cubre al menos un cuarto de la historia republicana del país no pueden asumirse por la ciudadanía como asunto privativo, o bien de las instituciones armadas, o bien como asunto del fuero presidencial. La búsqueda colectiva de la paz es quizás el objetivo nacional a la vez más incluyente y exaltante.

Comprometemos nuestra buena voluntad en coadyuvar a la construcción de un movimiento amplio por la paz en Colombia en la persuasión de que encontraremos también comprensión más allá de las fronteras del país, en pueblos y gobiernos que aspiran a que los conflictos se tramiten por los senderos civilizados de la controversia democrática, del respeto a los derechos humanos y a las normas del Derecho Internacional. Entendemos igualmente que la alusión contenida en la Declaración de las Farc a “un acuerdo de regularización de la confrontación” no tendría sentido alguno como figura pensada por fuera del contexto creado por el Derecho Internacional Humanitario. Para los analistas de conflictos, los cambios de lenguaje constituyen un síntoma y un paso fundamental para la búsqueda de la resolución negociada.

Estimamos la contribución modesta que podamos hacer a un movimiento de esa naturaleza, también como apoyo a su propósito expresado en circunstancias extraordinarias, con las palabras que introdujimos en la presente misiva y que ahora la cierran: “… mi gobierno estará abierto a cualquier conversación que busque la erradicación de la violencia, y la construcción de una sociedad más próspera, equitativa y justa.”

Cordialmente,

Gabriel Izquierdo S.J.

Hernando Gómez Buendía

Guillermo Hoyos Vásquez

Daniel Pécaut

Socorro Ramírez

Adolfo Atehortúa Cruz

Alpher Rojas Carvajal

María Victoria Duque López

Medófilo Medina

Carlos Medina Gallego

Víctor Manuel Moncayo Cruz

Álvaro Villarraga Sarmiento

Alfredo Molano Bravo

Juan Tokatlían

Gabriel Rosas Vega

Alfredo Gómez-Müller

Gabriel Misas Arango

Francisco Cajiao

Humberto Molina

Francisco Leal Buitrago

Herbert "Tico" Braun

Rocío Londoño Botero

Marck Chernick

Mauricio Archila Neira

Jorge Acevedo Bohórquez

Héctor Fabio Cardona Gutiérrez

José Luis Villaveces

Humberto Vélez Ramírez

Iván Orozco Abad

Oscar Almario García

Edgar Velásquez Rivera

Olga Lucía González

Ana María Bidegain

Edgard Moncayo Jiménez

Ricardo Sánchez Ángel

Luis Emiro Valencia S.

Jairo Maya Betancourth

Fabio Velásquez Carrillo

William García Rodríguez

Javier Duque Daza

Iván Montenegro Trujillo

Ricardo Mosquera Mesa

Absalón Machado

Gustavo Castro Caycedo

Guillermo Rudas Lleras

Gustavo Páez Escobar

Camilo Cárdenas Giraldo

Juan Pablo Ruiz Soto

Rubén Darío Flórez

Oscar Collazos

Jaime Eduardo Jaramillo

Amylkar Acosta Medina

Rosalía Correa Young

Julio Silva Colmenares

Hugo Acero Velásquez

Libardo Espitia

Mauricio Rojas Rodríguez

Tatiana Rodríguez Maldonado

Fabio López de la Roche

Javier Guerrero Barón

Alberto Rojas Puyo

Miguel Eduardo Cárdenas

Santiago Colmenares

Julio Fierro Morales

María Antonia Garcés

Luis Fernando Restrepo

Piedad Ortega Valencia

Héctor Alonso Moreno Parra

Javier Guerrero Barón

Sergio Paolo Serrano de las Aguas

Nazih Richani

Miguel Ángel Urrego

Aimer Granados García

Nick Morgan

Jaime Barajas Ortíz

Carlos Vidales

Jahel Quiroga

Héctor "Tico" Pineda

Luis Fernando Medina Sierra

Rubén Sánchez David

Eduardo Fernández Arias

Jaime Tenjo Galarza

Hernando Llano Ángel

Víctor de Currea-Lugo

Manuel Guzmán Hennessey

Darío Londoño Gómez

Álvaro Delgado Guzmán

Jorge Andrés Hernández

Teófilo Vásquez

Luis Ignacio Sandoval Moreno

Fernando Medina

Camilo Jiménez Camargo

Carlos Zorro Sánchez

Gloria Ortega Pérez

Luis Eduardo Celis

María Patricia Duque López

Ciro Roldán Jaramillo

Mauricio Rojas Rodríguez

Alejandro Pino Calad

Mauricio Jaramillo Jassir

Luis Álvaro Pardo Becerra

Germán Ayala Osorio

Efraín Jaramillo Jaramillo

Óscar Murillo Ramírez

Germán Forero Laverde

Carlos Guzmán M.

Fernando Vásquez

Mauricio Puello B.

Óscar Vanegas Angarita

Francisco Cortés Rodas

Fredy Cante

Juan Guillermo Gómez García

Álvaro Javier Botero Cadavid

Luis H. Barreto

Iván Jaramillo Pérez

Fernando José Mosquera Zúñiga

Rodrigo Rojas Orozco

Farid Samir Benavides Vanegas

Delmiro Moreno

Juan Gregorio Vélez V.

Alejandro Álvarez Gallego

Lenin Flórez Gallego

Luis Horacio López

Rubén Darío Flórez

Andrés Soto

Hunza Vargas

Diego Otero Prada

Emilia Frost

Alonso Tobón García

Helena Villamizar

Luis Fernando Parra París

Adriana Lagos Zapata

Edgard Moncayo Jiménez

Gustavo Páez Escobar

Sandra Liliana Osses Rivera

Yolanda Puyana Villamizar

Juan Carlos Guerrero Bernal

Francisco Ortiz Gómez

Francisco Thoumi

Raúl Meléndez Acuña

Mario Hernández

Ismael Antonio Molina Giraldo

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Tags: Carta abierta Conflicto y Paz Economía Colombiana FARC Juan Manuel Santos Ley de Victimas Paz

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