Bogotá: ¿Se está acabando el milagro? (II)
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Después de veinte años de mejoría continua, la ciudad está de nuevo en crisis y las dos grandes palancas del progreso -ciudadanía activa y autonomía frente a la Nación- están en retroceso. La administración Moreno ha sido mala, y el alcalde que viene podría ser peor. Pero los ciudadanos deben y todavía pueden tomar la palabra.
Por Carmenza Saldías, analista www.razonpublica.com
¿El principio del fin?
La Bogotá del 2011 es muy distinta de la de 1991: mejor y más amable, incluso más amada, y más capaz de gobernarse por sí misma. Pero, paradójicamente, este progreso de la ciudad fue ayudando a despertar los apetitos que nos habían sumido en la crisis del final de los 80s:
-Como la construcción adelantada durante estos años se manifiesta sobre todo en realidades intangibles -la confianza, el sentido del deber, la solidaridad, el compromiso con el interés común, el valor de lo público- era previsible que este enorme capital social se resquebrajara y descompusiera como resultado del lamentable espectáculo de incoherencia, levedad, desgobierno y corrupción que hoy presenta la administración distrital.
-Y la capacidad de gobernarse a sí misma que habían traído la Constitución y el Estatuto Orgánico de Bogotá está hoy comprometida por la interferencia, la intromisión y el abuso de la Nación sobre la ciudad.
Cómo se pierde una oportunidad
El alcalde Moreno ha sido incapaz de asumir el liderazgo de la ciudad o de inspirar y ejecutar proyectos trascendentes. Tras los logros indudables de los gobiernos de Castro y Mockus-Bromberg en asuntos estratégicos y los de Peñalosa y Garzón en materia de infraestructura y gasto social, Bogotá estaba lista para consolidar un nuevo modelo de gobierno, que ni el alcalde actual, ni su partido, ni sus aliados han sabido valorar y construir.
Esta administración pasará a la historia como una de los peores, aunque contaba con condiciones inmejorables. Al alcalde no parecen importarle los problemas de la ciudad, sino apenas la defensa de su gestión y la de su familia, como si su prestigio personal fuera un asunto público. La autonomía, que en otros momentos permitió tomar distancia de la Nación, se sacrificó en aras del proyecto del Metro. En vez de cultivar el voto de opinión, se han acentuado las prácticas clientelistas y se aceitaron las viejas maquinarias. Y al caer en el juego de los contratistas expertos de las ligas nacionales, el alcalde acabó por echarse la soga al cuello y ahogar su gobierno en una ola de escándalos.
El proyecto de ciudad, al que los alcaldes precedentes habían hecho aportes innegables y distintos, fue simplemente abandonado por la administración Moreno. Todo su esfuerzo se dedicó a promover una obra que no pudo realizar y que además habría comprometido seriamente el futuro financiero y urbano de la capital. Moreno se aferró tercamente a una promesa incumplible de campaña, en vez de reversar, como hizo Peñalosa en su momento, y apostarle a soluciones más realistas.
Mientras tanto se han dejado de atender asuntos tan importantes como el ordenamiento territorial, las relaciones regionales, el fortalecimiento institucional, la solidez fiscal, o la confianza y la cultura ciudadanas. El que, después de tres años de supuestas solicitudes de "urgencia", la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) haya recibido un entierro de tercera, es apenas una muestra de este descuido alarmante.
Otra muestra es el anuncio reciente de vender a última hora las acciones de la Empresa de Teléfonos (ETB) -un proyecto que no pudo concretar Peñalosa, quien lo intentó desde el comienzo de su período. Los ciudadanos tendrán otra frustración cuando descubran que este activo emblemático de la ciudad será feriado porque una sucesión de decisiones desafortunadas acabó por desvalorizarlo sustancialmente.
El retroceso de la cultura cívica que tanto había costado construir se manifiesta en la creciente desconfianza en las administración y en la opinión desfavorable sobre el alcalde que registran las encuestas; en la caída en el pago del "impuesto voluntario", la inconformidad por el manejo de los recursos públicos, y las campañas desesperadas de "perdón fiscal" -como la reciente "ganga" de los comparendos- que tratan de congraciar al gobernante con los morosos, mientras se pierde el favor de los ciudadanos cumplidos.
Finalmente, las numerosas denuncias judiciales y las que hacen los medios hablan de un cambio hondo en el sentido mismo de la acción del gobierno: de la defensa del interés general a la promoción del bien particular.
No de otra manera se puede calificar el llamado "carrusel de la contratación": según la Fiscal General de la Nación, más de dos billones de pesos están en riesgo de desaparecer de las arcas del erario bogotano. Esta cifra es comparable al costo de la educación o la salud de la ciudad durante un año, o a la atención de cientos de miles de usuarios de los servicios públicos. Y sin embargo ni el alcalde ni su equipo dan señales de alarma.
Aprovechar el desgobierno
La Nación ha aprovechado el desgobierno distrital para recuperar el espacio perdido. Al amparo de normas que se cuelan en proyectos de ley y que violan la unidad de materia, de decretos sectoriales y de decisiones inconsultas, el gobierno nacional fue tomando las riendas de la ciudad, y el alcalde fue sometido a humillaciones propias de comedias costumbristas pero indignas de un Estado moderno.
Para completar la escena, el ex presidente Uribe y sus aliados aparecen ahora como defensores de la ciudad. ¡Qué ironía! Esta oferta generosa viene de quien no tuvo para con la ciudad más que desplantes, de quien desconoció el aporte de los bogotanos a una mejor imagen del país y una inserción productiva en la globalización, de quien no llevó a cabo ningún evento relevante en la ciudad, de quien usó los problemas de Bogotá para desprestigiar al partido de oposición que la gobierna, de quien tomó decisiones como las del aeropuerto o la inserción de desmovilizados en contravía de los intereses de la ciudad. Con defensores así, ¿qué futuro les espera a los bogotanos y bogotanas?
¿Habemus ciudadanía?
La ciudadanía incipiente y frágil que se ha venido formando en Bogotá tiene pues razones suficientes para estar desencantada y preocupada. Pero también es cierto que este proceso de búsqueda y construcción de modernidad política, de participación ciudadana, de responsabilidad institucional, de ordenamiento territorial, de productividad económica, de cohesión social y de sostenibilidad ambiental, apenas está empezando y todavía es temprano para rendirse.
La democracia siempre da la posibilidad de rehacer el camino: en pocos meses estará servida la oferta de candidatos para la alcaldía.
Llegará entonces de nuevo el momento para que se pronuncie la ciudadanía. Si la hipótesis de este artículo se confirma en la realidad, los aprendizajes de la política y de la cultura ciudadana deberían imponerse por encima de las intentonas de apropiarse de la ciudad con los votos movilizados mediante subsidios públicos. Porque se contará con sólidos argumentos para recordar que estos subsidios resultan de lo que todos pagamos y no del favor de gobiernos o partidos que hacen clientelismo con la pobreza y la precariedad.
También será el momento de ejercer el voto de castigo, que las democracias modernas ofrecen al ciudadano. No solo se trata de decidir sobre lo que gusta, se trata también de emitir un no rotundo a las decisiones improvisadas, a las omisiones negligentes, a las falsas vanidades.
Es preciso mantener un optimismo relativo sobre la capacidad de la ciudadanía para no caer de nuevo en la trampa de las construcciones mediáticas ni de las imposiciones de gamonales premodernos ni de ofertas de quienes se presentan como propietarios del milagro de la ciudad o poseedores de fórmulas mágicas.
La ciudad de Bogotá es mejor hoy, tras veinte años, porque ha avanzado en construir una ciudadanía más madura. Es de ella, de nadie más, de quien depende su futuro. Si la ciudadanía bogotana asume su destino, quizás logre identificar a quien mejor lo interprete: alguien que se comprometa a construir ciudad con y para la ciudadanía, y no para el regodeo de un alcalde o para su explotación utilitaria por parte de élites, castas, carteles o intereses particulares. ¿Quién podría ser esa persona?
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