Ayuda a los damnificados sin politiquería
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A los cuadros de horror, pobreza y miseria generados por el inclemente invierno de los últimos meses, no le podemos sumar el sufrimiento adicional que causa cierto tipo de dirigente que trafica ilegalmente con las necesidades de la población.
La Procuraduría General de la Nación ya tiene un número importante de denuncias contra funcionarios públicos y líderes sociales que presuntamente estarían utilizando esta tragedia para hacer zonificaciones subrepticias a cambio de unos mercados y unas cuantas frazadas, con miras a las elecciones locales del mes de octubre de 2011.
De acuerdo con las informaciones que han recibido las autoridades, la pretensión es amarrar el voto de los damnificados para ayudarlos supuestamente a resolver el problema de haber perdido la vivienda, cultivos, animales y otras formas de manutención.
También se investiga la indebida utilización que hacen del buen nombre de senadores, representantes a la Cámara, gobernadores y alcaldes ciertos voceros políticos de las zonas inundadas, para comprometer bajo amenaza a esos ciudadanos que la lluvia ha dejado en la calle.
Si bien en cierto que cada rebaño tiene su oveja torcida, ello no justifica ese proceder. Yo rechazo de plano las tendenciosas versiones que buscan enlodar a la clase política y a gobernantes con presiones de baja calaña. También exijo de las autoridades competentes que se metan a fondo en la verificación de todos y cada uno de los datos sobre eventuales irregularidades, porque no podemos permitir que se haga politiquería con los damnificados.
Es urgente prender las alarmas y estar cuatro ojos en cada rincón del territorio nacional, porque es seguro que muchos indeseables quieren hacer su agosto con quienes padecen el drama de las lluvias y los ríos desbordados.
El próximo 15 de marzo vence el plazo para la inscripción en el Registro Nacional de Damnificados, creado por la Presidencia de la República para que gobernadores, alcaldes y el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Dane, trabajen coordinadamente el censo nacional de afectados, cuidando que quienes queden anotados sean realmente los ciudadanos desamparados. Hay que proceder correctamente para evitar que este registro termine sirviendo a los intereses electorales de ciertos grupos regionales, incluso aquellos que operan al margen de la ley.
De la misma manera es prioritario que le hagamos auditoría tanto al Censo Nacional de Damnificados, como a las ayudas que están recibiendo los entes territoriales para atender situaciones de emergencia.
En el caso del Atlántico tenemos un caso que lamentar. Ecopetrol donó una serie de tubos para contribuir a taponar el boquete que las aguas del Canal del Dique abrieron en el Sur del Atlántico y que provocó el peor desastre social de los últimos tiempos en esta zona del país.
La acción es loable hasta cuando uno sabe que el lote de tubos es viejo y muchos están en pésimo estado o dañados, con lo cual es más peligroso sembrarlos que dejar el boquete abierto porque en cualquier momento podría romperse nuevamente la protección. El alto gobierno tiene que explicar porqué la agencia estatal obró de esa manera con el Atlántico.
Y también se tendrá que explicar por qué permanecieron siete días en La Previsora los dineros que el nivel central giró para empezar a mitigar el drama invernal en el Atlántico, cuando el estado de emergencia económica, social y ecológica buscaba inmediatez y oportunidad en las ayudas.
En resumen, tenemos que blindar contra la politiquería el proceso la reconstrucción nacional y en particular a algunos departamentos claves que han sido impactados en mayor grado. La tragedia no puede servir para comprar votos ni para engañar a la comunidad con ayudas tramposas y mucho menos facilitar que con los dineros de la emergencia se lucren ciertas cuentas corrientes de entidades públicas o privadas.
Pienso que en ese contexto, una reconstrucción asaltada por inescrupulosos y tergiversada por falsos líderes será tanto o más devastadora que el mismo invierno. El Presidente Santos debe evitar a todas costa que ello ocurra. Por el bien de su gobierno y la futura suerte política de la unidad nacional.
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