¿Equilibrio que equilibra?

Equilibrio que equilibra?[1]


Por: Daniela Pinzón Mouthón[2]


Considerando que, actualmente, en el Congreso de Colombia se está debatiendo un Proyecto de Ley (Acto Legislativo 018 de 2014) que pretende reformar 42 artículos de la Constitución Política de Colombia de 1991 - en pro del “Equilibrio de Poderes y Reajuste Institucional” -, es oportuno que, en un ejercicio de reflexión, discutamos algunas de sus ventajas y desventajas.

Por una parte, la reforma eliminaría el voto preferente para las listas de los partidos políticos. El objetivo principal es fortalecer estás corporaciones públicas - en detrimento de las maquinarias individuales y familiares. No obstante, aun cuando esta medida está diseñada para evitar la corrupción política que se motiva por la necesidad de invertir miles de millones en una campaña personal[3], y, aun cuando apela a la cohesión partidista[4], existen algunos riesgos. Principalmente, al suprimir la posibilidad de que los electores puedan elegir entre candidatos, se opacaría el surgimiento de nuevos liderazgos. Las figuras más fuertes y tradicionales - en cabeza de los partidos -  arrastrarían los votos de los demás. Y, en esa medida, dado el umbral establecido, las candidaturas de las agrupaciones minoritarias quedarían en peligro. Esto es, menor representación ideológica, y, por tanto, de acuerdo con Tsebelis (1999), menor estabilidad en el sistema político.

Por otra parte, uno de los temas que más ha intensificado esta coyuntura crítica es el remplazo de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes: El Tribunal de Aforados. Éste – que sería elegido por el Congreso - se dedicaría, principalmente, a investigar y a acusar, entre otros, a los magistrados de las altas cortes. Ahora bien, para mayor eficiencia, se pretende dividir el juicio de acuerdo al tipo de delito cometido. Cuando se trate de delitos penales, la Comisión de aforados acusaría ante la Corte Suprema de Justicia, pero, cuando se trate de delitos políticos, el Congreso sería quien juzgaría. Pero, en todo caso, ¿esto garantizaría que, por ejemplo, el Congreso no vaya a aprovechar su facultad, como juez, para privilegiar sus intereses particulares?

Finalmente, otro punto de controversial discusión ha sido el voto obligatorio. De acuerdo con la Teoría de la Elección Racional (TER), al cambiar las razones (motivaciones), cambian las decisiones y, por tanto, las acciones. Por ello, posiblemente, la gente iría a votar (disminuiría la abstención electoral). Sin embargo, ello no garantiza, necesariamente, que la utilidad sea la más esperada. Es decir, que los elegidos vayan a ser más eficientes y transparentes en sus funciones, o que los ciudadanos vayan a tomar decisiones mucho más informadas. ¿Más votación implica, consecuentemente, mejores candidatos o, luego de la elección, mejores líderes políticos? O, será que, ¿mejores candidatos implica mayor votación? ¿O las dos?

 

[1] Blog de opinión inspirado en el curso de “Balance de Poderes” del Programa de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB). Profesor a Cargo: Christian Benito.

[2] Estudiante de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en doble titulación con Derecho. UTB. 2015. [email protected]

[3] En las listas cerradas la elección sería de acuerdo a la posición que los candidatos tengan en la lista – y no a aquellos que más presupuesto hayan invertido en la campaña.

[4] Dado que la campaña se haría por el partido - y no por figuras particulares -, el trabajo, necesariamente, dependerá de toda la colectividad.

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Equilibrio de poderes: escisión institucional

Por: Luisa Fernanda Guerra Carrera[1]

 

Esta semana que está por comenzar es decisiva para la reforma de equilibrio de poderes. De aprobarse, significaría una verdadera escisión institucional. No en vano, este proyecto legislativo cambiaría 28 normas de la Constitución.

En este orden de ideas, se resalta que el mencionado proyecto abarca 42 artículos en torno a 5 ejes principales: 1) Conformación de listas cerradas para corporaciones públicas y la modificación de la circunscripción nacional en el Senado; 2) Supresión de la reelección para presidente, procurador y contralor general; 3) Instauración del voto obligatorio; 4) Creación de un tribunal de aforados que reemplace a la comisión de acusaciones y 5) Eliminación del Consejo Superior de la Judicatura.

Dado este panorama, la realidad parece indicar que aunque el número de artículos inciden directamente en los poderes legislativo y judicial, no se brindan cambios de fondo que garanticen que la democracia en Colombia tome un nuevo rumbo.  En este sentido, esta parece una reforma pensada para reducir la autonomía de las ramas del poder público ampliando el presidencialismo y asegurando las mayorías de la coalición de turno. Esto sin contar con el robustecimiento del clientelismo en épocas electorales y el desequilibrio estructural del sistema electoral en detrimento de los intereses de las minorías políticas.

Otro tema de debate son las listas cerradas. El gobierno las presenta como el mecanismo idóneo para acabar con el clientelismo y la financiación ilegal de las campañas políticas que aparecen ligadas al voto preferente. Sin embargo, este proyecto carece de los instrumentos necesarios que impidan la sujeción burocrática en los comicios por parte de quien ejerce el  poder. Es decir, no ofrece garantías para la igualdad de condiciones de la oposición en su ejercicio proselitista.

Otro de los puntos de mayor controversia en este proyecto es el tribunal de aforados que reemplazaría la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Esta “Súper Corte”, elegida por el Congreso en pleno, sería quien investigue y recoja las pruebas, para que la Cámara acuse y el Senado juzgue. Dicho de otra forma, la propuesta hace énfasis en que los funcionarios que encabezan los órganos de control sean juzgados políticamente por la Cámara y el Senado en pleno.

 


[1] Estudiante de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en doble titulación con Derecho. Universidad Tecnológica de Bolívar. 2015.

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Diálogo Local

Por: Christian Benito. Profesor del programa de Ciencia Política de la Universidad Tecnológica de Bolívar

Hace un par de semanas se realizó en Cartagena -en una de las sedes de la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB)- un conversatorio titulado “Mejorando las Relaciones entre Ciudadanía y el Congreso”. Fue un espacio de franco diálogo concebido gracias a la iniciativa del mismo ente legislativo, el Instituto Nacional Demócrata (NDI) y la UTB. Dada la presencia de dos representantes a la Cámara por el departamento de Bolívar, para responder las preguntas de la gente, varias reflexiones (quizás no todas importantes para algunos) surgieron a partir de este acercamiento entre representantes y representados. A continuación quisiera señalar, en gracia de discusión, solo algunas de ellas.

Si bien los niveles de confianza en el Congreso se mantienen en una medida que no supera el 52%[1], esta percepción parece ser desafiada por dinámicas de orden local que empiezan a ser estructuradas a partir de la información de carácter público, la cual está hoy disponible para realizar una labor de seguimiento y control sobre el trabajo de los congresistas.

En este momento, en Colombia, además de la información consignada en la gaceta de la corporación, es posible tener acceso a reportes detallados sobre la actividad del legislativo que están sistematizados en plataformas de fácil acceso y uso. La información no solo se obtiene sino que además se interpreta desde las regiones, y aun cuando hay tareas pendientes, esto es sin duda un principio que alimenta la idea y la expectativa de cambio sobre la forma en que interactúan ciudadanos y representantes en el país.

Una segunda reflexión tiene que ver con la heterogeneidad de actores que se concentraron en el conversatorio alrededor de los representantes del Bolívar. El hecho de ver en un mismo lugar a jóvenes, adultos mayores, mujeres cabeza de familia, víctimas del conflicto armado, académicos, representantes de minorías étnicas y sexuales, entro otros, realizar sus preguntas y transmitir sus inquietudes más profundas a  algunos de los representantes del departamento, alimenta esa misma idea de cambio, la cual por momentos pareciera no diferenciarse de alguna clase de optimismo.

Si bien entre la pregunta a la gestión y la solución de las demandas de la gente puede haber un largo y arduo camino, ese primer paso constituye un precedente que no se puede ignorar y dejar pasar por desapercibido, más si se tiene en cuenta el poder simbólico que para los ciudadanos representa tener de frente a los políticos locales, y así mismo, la responsabilidad y los compromisos públicos que adquieren los políticos en esta clase de espacios.   

Por último, la gran reflexión es valorar el evento en sí mismo. Concretar estos espacios requiere de altos costos de organización, coordinar la agenda de los representantes es una tarea compleja, convocar la sociedad civil y garantizar la asistencia de un grupo significativo de ciudadanos es un esfuerzo que demanda más de un correo a una base de datos,  y procurar el diálogo, antes que el reclamo desenfrenado, será siempre un desafío cuando se trate de comprender más de cerca el Congreso colombiano.

[1] Barómetro de las Américas por LAPOP 2013 

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Senado Caribe

Por: Caribe Visible UTB: Nidia Bolaños Diazgranados, Daniela Puello Salcedo (Estudiantes Programa de Ciencia Política y Relaciones Internacionales) Christian Benito (Coordinador Caribe Visible UTB)

El Senado de la República es la instancia de representación en donde se discuten las políticas de alcance nacional. Como es bien sabido está integrado por 102 senadores, de los cuales 100 son elegidos por voto popular en todo el territorio nacional y dos más en representación de las minorías étnicas a través de circunscripción especial. Sin embargo ¿conocemos quiénes son los senadores que provienen de la región caribe? A continuación una caracterización básica que responde a esta pregunta.

¿Quiénes son los senadores del Caribe?

Para responder esta pregunta, se consideraron los resultados de las pasadas elecciones legislativas de marzo de 2014, elecciones en las que fueron elegidos 31 senadores de la región Caribe (30,39 %  del actual Senado) este porcentaje representa un total de 1’076.283 votos [1]. Dicho de otro modo, más de un millón de personas a lo largo y ancho del país votaron para elegir a un senador originario del caribe colombiano.

Sobrepasando los cien mil votos tenemos 5 senadores, Musa Abraham Besayle Fayadcon 145.402 oriundo del departamento de Córdoba, Bernardo Miguel Elías Vidal con 140.143 de Córdoba, y, Roberto Víctor Gerlein Echeverría con 127.004, Arturo Char Chaljub con 108.454  y José David Name Cardozo con 103.215 del Atlántico respectivamente.

Entre el rango de 90 y 80 mil votos se encuentran Efraín José Cepeda Sarabia con 98.588 del Atlántico, José Alfredo Gnecco Zuleta con 97.741 del Cesar, Nora María García Burgos con 86.047 de Córdoba, Laureano Augusto Acuña Díaz con 85.668 del Atlántico, Yamina del Carmen Pestana Rojas con 85.093 de Córdoba, Miguel Amín Escaf con 83944 del Atlántico, Eduardo Enrique Pulgar Daza con 83.530 cuya votación mayoritaria está en el departamento del Atlántico pero es oriundo de Momil, Córdoba y, Antonio José Correa Jiménez con 81.942 de Bolívar, 8 senadores en total .

Con más de 60 mil votos,se encuentras los siguientes 4 senadores, Martín Emilio Morales  con 69.818 de Córdoba, Daira de Jesús Gálvis Méndez con 65.426 de Bolívar, Arleth Patricia Casado de López con 63.517 de Cordoba y Armando Alberto Benedetti Villaneda con 60.980, este representa unos de los datos atípicos pues este senador obtuvo su votación mayoritaria en la capital del país Bogotá D.C y es oriundo de Barranquilla, Atlántico.

Seguimos con aquellos que estuvieron entre los 50 mil votos,  Antonio del Cristo Guerra de la Espriella con 59.637 de Sucre, Álvaro Antonio Ashton Giraldo con 58.711 de Atlántico, Sandra Elena Villadiego Villadiego con 56.959 de Ciénaga, Córdoba, pero ubica su votación mayoritaria en el departamento de Bolívar, Lidio Arturo García Turbay con 55.912 de Bolívar, Mario Alberto Fernández Alcocer con 51.537 de Sucre, Julio Miguel Guerra Sotto con 50.634 de Sucre y Andrés García Zuccardi con 50.220 de Bolívar, 7 senadores en total.

Por último tenemos a los senadores Nadia Georgette Blel Scaff con 42.394 de Bolívar, Teresita García Romero con 38.797 de Sucre y Iván Leonidas Name Vásquez con 28.133 que es oriundo de Barranquilla, Atlántico, pero obtuvo su votación mayoritaria en la capital del país Bogotá D.C.

¿Cómo está distribuido el Senado Caribe en los Partidos?

  • Partido Social Unidad Nacional- Partido de la U: 10 senadores 32%

  • Partido Conservador: 6 senadores 19%

  • Centro Democrático: 4 senadores 13%

  • Partido Liberal 4: senadores 13%

  • Cambio Radical 3 senadores 10%

  • Opción Ciudadana: 3 senadores 10%

  • Alianza Verde: 1 senador 3%

¿Cuáles son los departamentos con mayor número de senadores en el Caribe?

  • Atlántico: 8 senadores 25%

  • Bolívar: 6 senadores 19%

  • Córdoba: 6 senadores 19%

  • Sucre: 4 senadores 13%

  • Cesar: 1 senadores 3%

  • El 21% restante corresponde a mayor votación en departamentos del interior del país <<Antioquia y Bogotá D.C>>

¿Cuál es el lugar de nacimiento de los senadores electos?

  • Atlántico: 9 senadores 29,03%

  • Córdoba: 9 senadores 29,03%

  • Bolívar: 7 senadores 22,58%

  • Sucre: 5 senadores 16,13%

  • Cesar: 1 senadores 3,23%

¿Cuál es la representación por género en el Senado Caribe?

  • Femenino: 8 senadoras 26%

  • Masculino: 23 senadores 74%

 


[1] No se incluye los votos de centro democrático debido a la naturaleza de la lista.

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